Ante la salida de los guardaparques de diez áreas protegidas del país por cuenta de las amenazas de las disidencias Farc, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, solo espera que los delitos ambientales no vayan a incrementar en esas regiones. 

La funcionaria confía en que la fuerza pública ejerza el control que le corresponde y no permita que los deforestadores y acaparadores de tierras continúen apropiándose ilícitamente de los predios del Estado. 

"Es indispensable contar también con el respaldo de las gobernaciones y las alcaldías, pero sobre todo de las comunidades, ya que a estas les corresponde continuar protegiendo estas áreas que hacen parte de su territorio y de su forma de vida", manifestó. 

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La directora de Parques Nacionales dijo que las amenazas que han recibido un poco más de 20 funcionarios de esa entidad, incluidos contratistas, en diferentes regiones del país, pero con especial énfasis en la Amazonia, son injustas y no se compadecen con la labor y misión que realiza esa institución. 

"Los guardaparques estamos allí para salvaguardar la integridad ecológica de los parques, de la mano de la comunidad local. Nosotros como entidad no somos los responsables de la seguridad ni del orden público, solo intentamos conservar esas áreas medioambientalmente y eso no lo han entendido quienes buscan apoderarse de esos territorios", apuntó Miranda.

La funcionaria explicó que los representantes de esa entidad simplemente emitían conceptos que podían contribuir para realizar posteriores procesos judiciales. "Nuestra tarea llega hasta ahí", recalcó. 

Miranda aseguró que, por ahora, están siguiendo con el protocolo especial de seguridad que ordenaron las autoridades. "Hemos denunciado todas estas anomalías y ante una amenaza de esta naturaleza, solo nos queda salir con nuestros guardaparques del territorio", dijo la funcionaria, quien sostuvo que los funcionarios suelen irse hacia centros poblados. 

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La directora de Parques Nacionales afirmó que continuarán buscando la manera de aclarar esta situación para poder retornar a sus tareas. "Continuamos acercándonos a las comunidades para ver si podemos regresar. Nosotros también, en el ejercicio de nuestras funciones, hemos sido muy claros en decir quiénes están en el territorio y quienes están llegado a realizar actividades de deforestación y ganadería ilegal. Con estas personas no ha habido diálogo ni lo habrá, pues no debemos permitir que se siga acabando con las áreas protegidas de Colombia", subrayó.  

La funcionaria indicó que en varios de los 59 parques nacionales con los que contaba el país se estaban registrando problemas referentes a deforestación, minería ilegal y acaparamiento de tierras. Es el caso de Catatumbo Barí, Paramillo, Nukak, La Paya, La Macarena, Tinigua y Picachos. A estos, dijo Miranda, hay que sumarle los 17 en los que se encuentran sembrados cultivos de uso ilícito en donde los problemas provienen de la inseguridad y la falta de orden público. "Existen otros parques en donde el inconveniente más grave es la ganadería ilegal, sobre todo en lo que se refiere al Área de Manejo Especial de La Macarena", puntualizó. 

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De Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, La Paya y Puré fueron obligados a salir en esta oportunidad los funcionarios de parques nacionales, sin embargo, esta situación también se viene presentando desde hace varios años en Puinawai, Tinigua, La Macarena, Picachos y Nukak.

De hecho, Puinawai está cerrado desde 2014 y Tinigua, Macarena y Picachos no cuentan con presencia normal de funcionarios desde hace cerca de tres años por amenazas contra su vida provenientes de las mismas disidencias. 

Así las cosas, las más de nueve millones de hectáreas que suman los parques amazónicos, no cuentan con presencia de guardaparques ni su gestión ambiental con las comunidades locales para la preservación de los ecosistemas.