Con una pérdida de bosque que suma más de 6,7 millones de hectáreas en los últimos 28 ocho años, Colombia hace parte del listado de la infamia de las 10 naciones con mayores índices de deforestación a nivel mundial.

La Amazonia, compartida por ocho países, es la región más crítica, al reducir en cinco décadas un 20 por ciento de sus selvas en su totalidad. En Colombia, la porción de esta selva perdió el año pasado 165.000 hectáreas.

Verdugos como la explotación agrícola y ganadera, cultivos ilícitos, minería ilegal, acaparamiento de tierras y expansión urbana no han encontrado remedio. Todo lo contrario, crecen sin medida. Con cerca de 220.000 hectáreas taladas en 2017, el país registró su tope más alto en años, 23 por ciento más que en 2016, lo que indica que cada día desaparecen en promedio del territorio 25 hectáreas boscosas.

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Tres proyectos de ley ya iniciaron su trámite ante el Congreso de la República para frenar el accionar macabro de la motosierra, promovidos por el Senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, por el representante a la Cámara José Caicedo del Partido de la U y por Juan Carlos Lozada del partido Liberal.

La Gran Alianza contra la Deforestación, proyecto de SEMANA, el Gobierno de Noruega, el Ministerio de Ambiente y Semana Sostenible, que cuenta actualmente con más de 50 aliados, entre medios de comunicación y organizaciones ambientales y comunitarias, presenta las principales propuestas de estos posibles salvavidas, las cuales permitirían afrontar la problemática desde diferentes frentes como el control, el “garrote”, reformas y reestructuraciones de funciones de algunas entidades, articulación estatal y restauración obligatoria de zonas afectadas, entre otros.

Cárcel de hasta 16 años para grandes deforestadores, cambios en el manejo forestal, tareas concretas para 26 entidades y restauración en más de 3 millones de hectáreas deforestadas, son algunas de las propuestas de tres proyectos de ley que buscan combatir la deforestación.

La mano dura

En el proyecto de ley del representante José Caicedo llama la atención el “garrote” contra todos los eslabones de la cadena de deforestación.

Propone adicionar al Código Penal un artículo (el 336A) que estipule de 4 a 8 años de cárcel a los que talan o queman árboles, además de multas entre 234 y más de 1.171 millones de pesos (entre 300 y 1.500 salarios mínimos mensuales).

Para los grandes deforestadores, encargados de promover, financiar o adquirir beneficios de la tala indiscriminada, el castigo sería el doble: de 8 a 16 años tras las rejas y sanciones de alcanzarían los 2.343 millones de pesos. A los que transporten, distribuyan, transformen o comercialicen maderas o productos forestales de las talas y quemas o usen el suelo deforestado, la pena aumentará de una tercera parte a la mitad.

Si la actividad abarca algún terreno de la cuenca del Amazonas, el delito será considerado de lesa humanidad.

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Si el proyecto es aprobado en el Congreso, dos censos tendrán luz verde: uno de los bosques públicos y de propiedad privada y otro de los bosques de los baldíos. Además, el país contará con una nueva Política Nacional Integral de Bosques y un modelo de riesgo para conocer las zonas más vulnerables a padecer por la deforestación.

Los que deforesten no podrán beneficiarse de subsidios y apoyos gubernamentales para las actividades agrícolas y ganaderas, mientras que los propietarios u ocupantes con bosque en su predios tendrán incentivos económicos o en especie si los conservan.

La expedición de permisos y salvoconductos pasaría del ICA a las Corporaciones Autónomas Regionales. Entre tanto, el informe anual sobre recursos naturales de la Contraloría contendrá un capítulo solo de deforestación.

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Minambiente le entregará al Congreso un reporte por año con todos los resultados sobre deforestación, actualizará el listado de especies vedadas e implementará un sistema de cadena de custodia de los productos forestales que se produzcan o comercialicen en el país.

Varias entidades del orden nacional harían parte del Consejo Nacional Contra la Deforestación, con apoyo de las gobernaciones y alcaldías. Contempla también un premio nacional de lucha contra la deforestación funcionaría como organización privada sin ánimo de lucro para reconocer a los héroes que combaten este flagelo.

Revivir lo talado

Los programas de restauración en el país llegan solo a recuperar 10 por ciento de las hectáreas deforestadas anualmente, asegura el proyecto de Ley del Senador Rodrigo Lara.

Por eso su accionar consiste en restaurar cerca de 3.000.000 hectáreas afectadas en los últimos 20 años, recuperar la vocación forestal de los suelos y que los propietarios de las tierras rurales tengan una mayor responsabilidad en la lucha contra la deforestación.

El senador propone diferentes porcentajes de destinación de áreas para la restauración en cada uno de los predios rurales, dependiendo de sus actividades y atributos físicos. Por ejemplo: 10 por ciento de los predios ganaderos de más de 50 hectáreas será exclusivo para la restauración de especies nativas, mientras que los terrenos de uso agropecuario, con extensión superior a una unidad agrícola familiar y pendientes entre el 25 y 50 por ciento, destinarán el 5 por ciento.

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Los terrenos rurales con fuentes de aguas naturales de flujo continuo o irregular deberán blindarse con bosques de galería en sus rondas, a través de un plan de revegetalización con especies nativas aprobado por autoridades ambientales y otras entidades.

Lara afirma que las personas que destinen partes de sus predios rurales para la restauración gozarán de descuentos o exenciones en el Impuesto Predial Unificado, mecanismo en cabeza de los concejos municipales.

El proyecto de Lara revela que, entre 2005 y 2010, 56 por ciento del área deforestada en Colombia pasó a convertirse en coberturas de pastos y 10 por ciento, en áreas agrícolas. En cuanto a la ganadería informó que el área de esta actividad ha tenido un incremento de 14,6 a 38 millones de hectáreas en los últimos 50 años.

“La imposición de deberes a los propietarios rurales  aparece como una estrategia efectiva para enfrentar la deforestación. Esta iniciativa permite contrarrestar los niveles de erosión y sedimentación en las cuencas hidrográficas, garantizar la protección de la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático”, cita el proyecto.

Un 6,7 millones de hectáreas de bosque perdió Colombia en los últimos 28 ocho años. Tres proyectos de ley ya cursan en el Congreso para evitar que el accionar de la motosierra continúe devorándose los bosques.

Ordenar la casa

El Representante Juan Carlos Lozada tiene en mente darle orden a 29 entidades, organismos del estado y entes territoriales que tienen injerencia en la deforestación, para que así efectúen un control efectivo de una manera coordinada y articulada.

Si el proyecto tiene acogida, el Ministerio de Ambiente formulará un sistema de trazabilidad forestal para reducir la ilegalidad de productos maderables y no maderables, y adoptará medidas para llevar la deforestación a cero y bajar 20 por ciento las emisiones de gases invernadero en 2030.

El Ministerio de Defensa creará grupos élites regionales de control en los focos deforestados y un plan de inhabilitación de accesos terrestres, vías terciarias y pistas aéreas clandestinas, mientras que MinInterior garantizará los derechos de los grupos étnicos y comunidades campesinas en áreas estratégicas de conservación.

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Minas y Energía diseñará estrategias para controlar la extracción ilícita de minerales, promoverá procesos de restauración ecológica en áreas afectadas por esta actividad y priorizará las inversiones en energías alternativas para las comunidades de los focos de deforestación.

Estabilización de la frontera agrícola, modelos agroambientales, iniciativas de reforestación, actividades agropecuarias y líneas de crédito para zonas estratégicas recaen en el Ministerio de Agricultura; MinTransporte deberá proponer medios de conectividad con tecnologías innovadoras y revisará la autorización de los planes viales.

Los entes territoriales serían protagonistas. Las alcaldías incluirán en los esquemas de ordenamiento un plan de acción para reducir la deforestación; desarrollarán modelos agroambientales en las franjas de estabilización de la frontera agrícola; y recuperarán  baldíos; los municipios forestales deberán integrar en sus POT la economía forestal.

Las gobernaciones implementarán programas de forestería comunitaria y planes de extensión agropecuaria, y contarán con una prohibición de construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías terciarias y secundarias, sin antes verificar la situación legal y cumplimiento de la normatividad ambiental.

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Hacienda, Justicia y TIC tendrán la labor de incentivos para conservación de bosques, capacitación ambiental a jueces y fiscales y conectividad de las comunidades en focos deforestados, respectivamente.

Otras propuestas destacadas en el articulado son un CONPES contra la deforestación; catastro multipropósito; historial de deforestación como criterio para adjudicación de tierras; restricción a la expedición de guías de movilización y vacunación de ganado en zonas deforestadas; acuerdos de conservación con ocupantes; Cuentas Satélite Ambiental con información contable del bosque natural como activo ambiental del Estado; y control a la expedición de certificados de libertad y tradición de predios en áreas de deforestación.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.