Este instrumento técnico-científico permitirá obtener unos conocimientos cuantitativos puntuales que se convertirán en una herramienta útil para la toma de decisiones o la prevención de emergencias.

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"Este documento permitirá valorar lo que está pasando en ese río, su dinámica y sus condiciones de afectación, a partir de la información satelital, los mapas y la tecnología de punta que será utilizada. Se podrá determinar exactamente cómo está ese afluente", comentó el hasta ayer director del Ideam, Omar Franco.

El ahora exfuncionario señaló que la meta es que a diciembre de este año la modelación ya esé lista.

"Se nos apropiaron los recursos, y junto con el Ministerio de Ambiente emprendimos este gran reto", manifestó Franco, quien aseveró que este documento será un insumo técnico para el cumplimiento de la setencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional.

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Dicho fallo reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección.

Para tal fin la Corte ordenó al Gobierno nacional elegir un representante legal de los derechos del río, siendo designado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el cumplimiento de una serie de acciones que permitan la preservación de este afluente.

Sobre el particular Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, expresó que se ha ido avanzado a partir de acciones como la creación de la Comisión Intersectorial para el Chocó, al igual que en la consolidación de la Comisión de Guardianes del río Atrato, compuesta por 14 representantes de siete organizaciones comunitarias.

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"También se han construido diferentes planes de acción como la descontaminación de fuentes hídricas afectadas por el mercurio y otras sustancias tóxicas, y la erradicación de la extracción ilegal de minerales, al igual que la prohibición de la minería en el río Quito, la disminución de la deforestación en el Chocó y en la cuenca del río Atrato. Adicionalmente se han articulado actividades con diferentes comunidades y entidades vinculadas", expresó el Ministro.

Sin embargo, falta darle un mayor empuje al plan de seguridad alimentaria y a los estudios epidemiológicos y toxicológicos, que también están estipulados en la sentencia.