Ocho antiguos ministros de Ambiente brasileños lanzaron un manifiesto en São Paulo el 8 de mayo en el cual criticaban duramente las políticas ambientales del presidente Jair Bolsonaro.

En una acción insólita denunciaron a la administración por “una serie de acciones sin precedentes que están destruyendo la capacidad del Ministerio de Ambiente para formular y ejecutar políticas públicas” y acusaron al Gobierno de “poner en peligro la imagen internacional del país y su credibilidad”.

Entre las medidas que atacaron con mayor contundencia figura la decisión de transferir la Agencia Nacional de Aguas al Ministerio de Desarrollo Regional; la transferencia del Servicio Forestal Brasileño al Ministerio de Agricultura; la abolición de la Secretaría de Cambio Climático; el nombramiento de administradores en posiciones clave con poca o ninguna experiencia; y el debilitamiento del proceso de licencias ambientales bajo el pretexto de obtener una mayor eficacia.

 

Donde una vez hubo una selva tropical, solo quedan unos pocos árboles en una plantación de la agroindustria brasileña, según dicen los antiguos ministros de Ambiente. Fotografía de Mayangdi Inzaulgarat.

“Pensábamos que nunca veríamos semejante esfuerzo maligno por destruir lo que Brasil ha construido durante tanto tiempo”, dijo Rubens Ricupero, ministro de Ambiente entre 1993 y 1994 en el gobierno del presidente Itamar Franco.

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“El Gobierno está adoptando políticas que niegan el cambio climático”, advirtió José Sarney Filho, ministro de Ambiente durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Michel Temer. “Parece que necesitaremos una enorme catástrofe, una tragedia, para que se den cuenta de lo que está pasando"

“El país con mayor biodiversidad del mundo está empezando a retirarse de acuerdos que había firmado con anterioridad”, dijo Carlos Minc, ministro de Ambiente entre 2008 y 2010 durante el mandato de Lula, en referencia al Acuerdo Climático de París. “Podría convertirse en la mayor amenaza al clima del planeta”.

José Carlos Carvalho, ministro de Ambiente en 2002, criticó el maltrato de Bolsonaro hacia los empleados de IBAMA, la agencia ambiental de Brasil: “Es como si los [empleados] fuesen la causa de los problemas que se supone que deben abordar”, dijo, refiriéndose al inicio de investigaciones por parte del Ministerio de Ambiente contra el personal asignado a la tarea de combatir las actividades ilegales en las tierras indígenas y dentro de las áreas protegidas, y la amenaza de despedir a dichos empleados.

Reunión de los antiguos ministros de Ambiente (de izquierda a derecha) José Carlos Carvalho, José Sarney Filho, Izabella Teixeira, Rubens Ricupero, Marina Silva, Edson Duarte y Carlos Minc. Fotografía de Leonor Calasans / IEA-USP

Brasil rechaza las iniciativas ambientales internacionales

Marina Silva, ministra de Ambiente entre 2003 y 2008, y candidata a la presidencia en 2018, cree que el recorte de los presupuestos y el debilitamiento del proceso de licencias ambientales causará un gran daño económico a Brasil: “La Unión Europea se está pensando dos veces los nuevos acuerdos con Mercosur [el bloque comercial de América del Sur] debido a nuestras políticas ambientales”, advirtió.

A Edson Duarte, ministro a principios de 2019 mientras Bolsonaro finalizaba el nombramiento del actual ministro de Ambiente Ricardo Salles, le preocupan los reveses, y dice: “A pesar de las diferentes posiciones ideológicas de los pasados gobiernos [brasileños], todos aportaron avances [en el frente ambiental] pero lo que estamos viendo ahora es un proceso irreversible de deshacer los logros de los últimos 40 años”.

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Le preocupa que los acuerdos internacionales realizados al final de la legislatura de Temer puedan verse amenazados. Especialmente grandes sumas que llegan a Brasil a través del Fondo para la Amazonía (aproximadamente 87 millones de dólares anualmente) para prevenir la deforestación y el Fondo Climático (aproximadamente 105 millones de dólares anuales), los cuales ahora podrían no materializarse debido a que los países que aportan la mayor financiación, sobre todo Noruega y Alemania, no están contentos con el marcado cambio de Brasil en las protecciones forestales y climáticas.

Ricardo Salles, ministro de Ambiente brasileño. Fotografía de Gilberto Soares/MMA

El 17 de mayo, Salles parece que enfadó a dos de las naciones de la UE al anunciar unilateralmente una reforma de las normas administrativas para el Fondo para la Amazonía y afirmaba haber encontrado irregularidades en el gasto. Salles dijo que las ONG, cuyos proyectos de deforestación y sostenibilidad son monetizados por el Fondo para la Amazonía, no lograron explicar más de 1,2 mil millones de dólares en gasto. También dijo que los financiadores europeos habían acordado que era necesario llevar a cabo cambios en la estructura administrativa del fondo. Sin embargo, las naciones europeas niegan esta versión de los hechos. “La embajada noruega dijo que no había recibido ni acordado ninguna propuesta [de Brasil] para cambiar la gestión del fondo o los criterios para asignar los recursos”, según publicó el New York Times. La concesión de proyectos para el Fondo para la Amazonía ha estado paralizada desde que Bolsonaro tomó posesión de su cargo en enero de este año.

Los antiguos ministros prometieron seguir su manifiesto con acciones en los frentes políticos y judiciales: “Hablaremos con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Supremo y llevaremos nuestro documento a la Fiscalía”, dijo Ricupero. “Instamos a los estudiantes a que salgan a las calles porque su futuro está en juego”.

El ministro de Ambiente, Salles, respondió con un comunicado en el cual afirmaba que el daño a la imagen de Brasil no era consecuencia de sus políticas sino de “una campaña difamatoria llevada a cabo por las ONG y presuntos especialistas”.

La Sociedad Rural Brasileña (SRB), que representa a la agroindustria, también saltó a la defensa del Gobierno. Dijo: “El Ministerio [de Ambiente] ha mostrado que es capaz de responder a las necesidades del sector productivo y contribuir al desarrollo del país sin relajar el rigor de la legislación ambiental”.

El extenso sistema de unidades de conservación de Brasil protege la inmensa biodiversidad del país. Bolsonaro quiere reevaluar ese sistema, con algunos parques programados para su posible abolición. Imagen cortesía de Guia Birding Brasil.

Bolsonaro ataca las unidades de conservación de Brasil

El Gobierno continúa intensificando sus ataques ambientales. Dos días después de la publicación del manifiesto, el ministro Salles anunció una reevaluación de las 334 Unidades de Conservación del país —cada área protegida desde el Parque Nacional de Itatiaia, creado en 1934; hasta el Refugio de Vida Silvestre del Guacamayo Azul, creado en 2018; lo que podría llevar a deshacer los logros ambientales de Brasil de los últimos 85 años.

Las 334 áreas protegidas cubren el 9,1 % de la superficie terrestre de Brasil y el 24,4 % de sus aguas marinas. El grado de protección en las áreas varía: algunas que se benefician de una protección completa con rígidas normas sobre el acceso y el uso, mientras que otras permiten varias formas de explotación económica sostenible.

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Ahora mismo, el principal objetivo del Gobierno parecen ser las áreas conservadas con protección total, donde la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería están prohibidas. Salles alega que “algunas de estas áreas fueron creadas sin ningún tipo de criterio técnico”, y, como resultado, Brasil queda con “todo tipo de deudas por indemnizaciones impagadas, y conflictos territoriales”. Salles promete que: “Vamos a acabar con esto”.

Una fotografía de Jair Bolsonaro tomada como evidencia de su pesca ilegal por un inspector ambiental de IBAMA dentro de la Estación Ecológica de Tamoios en enero de 2012. Desde que Bolsonaro tomó posesión de su cargo, el inspector de IBAMA que lo citó ha sido despedido, mientras que el presidente ha impulsado planes para eliminar la estación ecológica con protección totalmente y convertirla en un área vacacional. Fotografía cortesía de IBAMA.

Las ONG han expresado su fuerte oposición a la reevaluación de las áreas protegidas. “La propuesta de Salles premia a los criminales, aquellos que talan los bosques ilegalmente y los ladrones de tierras que históricamente han invadido y devastado las áreas protegidas”, dice Angela Kuczach, que dirige la Rede Pró-UCs, una red de ONG ambientales que defiende las áreas conservadas.

Angela dice que, contrario a lo que afirma Salles, Brasil invierte fuertemente en estudios técnicos y científicos antes de crear áreas protegidas. “El mapa de las áreas protegidas, el cual Salles borró de manera intencionada de la página web del ministerio, [fue creada usando] una de las metodologías más sólidas [del mundo] para evaluar las prioridades de la conservación”.

Otros hablan del daño que se producirá a varios sectores de la sociedad: “Junto con el daño ambiental irreversible, el país sufrirá un serio daño económico si se implementa esta política”, dice Maurício Guetta, el asesor legal de la principal ONG del país, el Instituto Socioambiental (ISA).

La forma preferida del Gobierno de introducir cambios drásticos a antiguas políticas ambientales es a través de Medidas Provisionales (MP), un decreto presidencial. Sin embargo, Guetta apunta que Bolsonaro necesitará aprobar una ley en el Congreso para introducir cambios a gran escala en el estado de las áreas protegidas. “El Supremo Tribunal Federal (STF) ha determinado que [cambios en las áreas protegidas] no pueden ser realizados por una medida provisional” explicó Guetta.

A pesar de esto, se espera que Bolsonaro continúe usando sus poderes presidenciales para forzar el asunto. Por ejemplo, planea revocar el decreto que crea la Estación Ecológica Tamoios, donde fue multado por pescar ilegalmente en 2012. Dice que quiere convertirla en el “Cancún brasileño,” una referencia al centro de vacaciones mexicano. Esto sería un cambio radical; bajo la legislación actual, Tamoios es una estación ecológica y disfruta de protección total.

La deforestación del Amazonas vista desde un satélite. Imagen cortesía de la NASA.

Los diputados ruralistas también están presionando para que el Parque Nacional Lagoa de Peixe en el sur de Brasil —un importante espacio de alimentación para las aves migratorias que llegan del Ártico— sea convertido en un parque eólico.

El Gobierno ya ha anunciado planes para relajar las protecciones ambientales en el Parque Nacional Campos Gerais en el estado de Paraná y en el Bosque Nacional de Jamanxim en el estado de Pará. Jamanxim lleva mucho tiempo bajo un fuerte asalto por parte de los acaparadores de tierras y los leñadores ilegales.

Salles dice que está previsto que las primeras medidas relacionadas con las reevaluaciones de las unidades de conservación tengan lugar en la segunda mitad de este año.

Amnistías adicionales para la deforestación ilegal

El mismo día que los antiguos ministros de Ambiente se reunieron en São Paulo para elaborar su manifiesto, el grupo de presión de la agroindustria, la bancada ruralista, dentro de una comisión del Congreso logró que se aprobase una versión considerablemente modificada de la Medida Provisional (MP 867/2018). Originalmente, esa MP fue elaborada para prorrogar por un año el periodo en el cual los terratenientes acusados de crímenes ambientales cometidos en el pasado, especialmente la deforestación ilegal, podrían llegar a un compromiso de compensación a través de la reforestación como lo requiere la ley.

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Sin embargo, mientras la MP 867/2018 iba avanzando en el Congreso, se fueron añadiendo enmiendas que cambiaron su finalidad inicial y la convirtieron en una amnistía aplastante para los terratenientes que han deforestado ilegalmente. Los críticos dicen que esto es una maniobra previamente utilizada por los ruralistas para impulsar medidas controvertidas que carecían del apoyo de los ciudadanos.

Aunque no afectan al Amazonas, en gran medida, las enmiendas disminuirían las multas por la deforestación ilegal llevada a cabo dentro de otros cuatro biomas brasileños (el Cerrado, Pantanal, Caatinga y la Pampa) que tienen áreas donde la agroindustria está avanzando agresivamente. Las enmiendas dejarían de requerir que los infractores reforestasen 20 % de su propiedad y dejarlo intacto como una “reserva legal”. Las enmiendas también eliminarían el plazo determinado en el que los terratenientes necesitan cumplir con la restauración ambiental, lo que, en la práctica, significaría que los infractores podrían ignorar indefinidamente cumplir con los requisitos legales.

El 24 de abril de 2019, grupos indígenas protestaron en una marcha nocturna hacia el Tribunal Supremo de Brasil, el Palacio Presidencial y el Congreso Nacional. Imagen de Karla Mendes/Mongabay

Si finalmente se aprueban, dichos cambios podrían tener unas consecuencias inmensamente negativas para la deforestación. El Observatório do Código Florestal (Observatorio del Código Forestal), una red de ONG ambientales, cree que la modificada MP eximiría a los terratenientes de reforestar 5 millones de hectáreas, un área mayor que Dinamarca.

El diputado federal, Sérgio Souza, del estado de Paraná, que es el ponente de la MP 867/2018, justifica los cambios a la enmienda y alega que hay discordancia jurídica sobre cómo debe implementarse la legislación relativa al Código Forestal de 2012. “Simplemente, estamos aclarando qué ley debería aplicarse”, dijo.

Otros no están de acuerdo. El diputado federal Rodrigo Agostinho protestó y dijo que la enmienda invalida, sin un debate adecuado, el acuerdo que fue elaborado detalladamente por el Congreso e institucionalizado en el Código Forestal Brasileñode 2012.

Aun así, la batalla no ha acabado; ahora, la enmienda modificada tiene que ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado. El diputado federal Nilto Tatto dijo: “Hemos sufrido una derrota en la comisión, pero ahora vamos a llevar la batalla al pleno. Y ahí solo perderemos si la sociedad, las organizaciones y la población no se movilizan”. Sin embargo, anular las enmiendas no será fácil; mientras que la popularidad de Bolsonaro está cayendo en picada con la población nacional, el poderoso grupo de presión ruralista en el Congreso todavía le respalda.

La población indígena alcanza una victoria parcial 

La administración no se sale con la suya en todo. Un día después del voto de la MP 867/2018, una comisión mixta del Congreso aprobó otro informe que ordena a la administración de Bolsonaro a devolver su agencia indígena, FUNAI, al Ministerio de Justicia. Esta transferencia incluye que FUNAI mantenga la responsabilidad de la demarcación de las tierras indígenas, la cual, con anterioridad, Bolsonaro había transferido al Ministerio de Agricultura, en una decisión muy polémica.

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La devolución de FUNAI al Ministerio de Justica había sido una de las principales demandas del Acampamento Terra Livre (Campamento Tierra Libre), un campamento indígena y protesta que tuvo lugar en Brasilia a finales de abril y que reunió a miles de personas indígenas de todo el país.

Sin embargo, la decisión del Congreso aún podría ser revertida porque el informe de la comisión tiene que ser aprobado por los plenos en la Cámara del Congreso y en el Senado. Aún así, su éxito parcial levantó los ánimos de los activistas, desmoralizados por la serie de extensos reveses socioambientales recientes y bien podría alentar una mayor movilización de la resistencia.

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