Hasta hace poco, las noticias sobre temas y problemas ambientales eran muy escasas. Sin embargo, el creciente deterioro del medioambiente ha hecho que se haya convertido en tema noticioso muy importante. Los principales medios escritos y virtuales, cuentan actualmente con secciones sobre medio ambiente y la ciudadanía a través de las  redes sociales, manifiesta constantemente sus preocupaciones con respecto a una serie de problemas ambientales que afectan su seguridad, su calidad de vida y su futuro.

Actualmente, aparecen a diario noticias sobre la situación ambiental.  Lamentablemente malas en su mayoría, como la aterradora e imparable deforestación en la Amazonia, las emergencias por la deteriorada calidad del aire en Bogotá o  Medellín, los tremendos riesgos y consecuencias que conllevó la falta de previsión y control en Hidroituango, o la contaminación de los ríos y otros cuerpos de agua por la minería ilegal, voladuras de oleoductos o deficiencias en el manejo  de la operación petrolera en el Magdalena medio. Tampoco dejan de faltar frecuentemente, notas sobre conflictos regionales causados por proyectos de minería en los páramos, macroproyectos de infraestructura o explotaciones de hidrocarburos.

La tendencia al empobrecimiento ambiental que sigue el país responde muy principalmente, a la carencia de una conciencia sobre la importancia crucial la conservación de los ecosistemas y sus servicios y de una institucionalidad fuerte y coherente, que nos guie hacia la construcción de Territorios Sostenibles. En este proceso es fundamental que revitalice y aplique  los instrumentos económicos, administrativos y financieros que tiene a su disposición y castigue severamente a los infractores de la ley.

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El rápido crecimiento de la presencia del medio ambiente en los medios de información, refleja  que ha éste dejado de ser un tema marginal, que interesa a unos pocos, para convertirse en una variable determinante de la vida y del progreso, lo que interesa a todos. Los asuntos ambientales se han convertido en temas de carácter público y por ende político, en los que intervienen diversos grupos de interés potencialmente conflictivos, que  requieren gestionarse con ideas y procesos sistémicos, participativos e integrales.

El uso de la técnica del  fracking, corresponde a ésta categoría y lo hace en grado extremo. La posibilidad de aplicarla en Colombia ha creado una fuerte controversia y ha preocupado a la población. Para empezar, el nombre asusta; en el imaginario colectivo la palabra fractura tiene un significado negativo; asociado al  rompimiento brusco de algo que puede originar graves consecuencias y riesgos imprevisibles, por lo cual no sin razón, infunde miedo. Las fracturas bien sean políticas, sentimentales o de algún hueso, implican romper violentamente algo que debería conservarse inalterado. Eso es precisamente lo que hace el fracking con la roca que se encuentra a grandes profundidades bajo el suelo. La fractura mediante inyección de agua con diversos aditivos químicos, para poder extraer el petróleo que tiene en su interio. Por ello varias entidades como la Contraloría General de la Nación y el Consejo de Estado han recomendado aplicar el Principio de Precaución, evitando su aplicación hasta tanto no se cuente con la claridad necesaria y suficiente, para determinar con precisión sus impactos socioambientales.

Probablemente, debido a las dificultades financieras que afronta el Gobierno Nacional, éste ha decidido investigar si esta técnica, que puede ser muy rentable financieramente a corto plazo,  debe o no utilizarse en Colombia. Para lo cual convocó a una comisión de expertos en diversas disciplinas, con el fin de analizar conjuntamente el tema en sus distintas dimensiones y recomendar sobre el camino a seguir.

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La Comisión presentó los resultados de su trabajo el 14 de febrero, en un acto público en la Biblioteca Virgilio Barco.  Allí los comisionados presentaron sus recomendaciones en los diversos campos. Como era de esperarse de acuerdo con la experiencia de los países donde se ha empleado el fracking, se prevé que los rendimientos económicos serían muy considerables. Respecto a   los temas socioambientales, también fue muy clara al señalar la existencia de graves deficiencias para aplicar la técnica con seguridad y bajo impacto.

Las principales dificultades identificadas fueron la baja capacidad institucional de la ANLA y las autoridades ambientales para evaluar y monitorear los proyectos e impactos de proyectos tan complejos e inciertos, la falta de transparencia en el acceso a la información disponible, tanto en la Agencia de Licencias Ambientales como a todo lo largo del proceso y la inexistencia de mecanismos y formas de participación social efectiva, para que los habitantes y comunidades de las zonas donde se realizarían los proyectos, puedan participar efectiva y positivamente en todas las etapas de los proyectos.

La comisión propuso prudentemente, no aplicar el fracking hasta tanto estas dificultades no se hayan superado y que después de lograrlo se pase  a una segunda fase. En ella se llevaría a cabo un número limitado de proyectos experimentales, para evaluar con precisión sus impactos socioambientales en zonas específicas, ya que es imposible generalizar los resultados a todo el territorio nacional, caracterizado por su heterogeneidad cultural y natural. En síntesis, el trabajo expuesto por la Comisión mostró una posición colectiva, prudente y cuidadosa. En línea con lo anterior, muchos países han optado por aplicar moratorias a la aplicación del fracking, con base en el Principio de Precaución, como instrumento para resguardar la calidad y funcionamiento del medio ambiente y el bienestar de la población.

Sin embargo, el informe final de la Comisión recientemente entregado al gobierno nacional fue distinto a lo que se  presentó en la Virgilio Barco, pues perdió el equilibrio entre los temas socioambientales y los económicos. Los primeros quedaron por fuera del informe principal y solamente se incluyeron como un anexo especial. Es decir, que el trabajo del equipo y la integralidad de la Comisión para el fracking se fracturaron, haciendo evidente los conflictos entre los intereses  entre los principales actores, que abarcan diversas dependencias y niveles del gobierno, las comunidades en cuyos territorios se realzarían los proyectos y el sector privado, que debería ejecutarlos.

No es difícil imaginar las causas de estas diferencias, que debieron dar pie a fuertes tensiones entre los comisionados. Probablemente, aquellos interesados en aplicar el fracking de manera inmediata, no valoraron adecuadamente la magnitud  de las grandes dificultades ni el tiempo necesario, para hacer realidad las condiciones previas recomendadas. Ninguna de ellas es asunto fácil, pero si son indispensables para reducir la enorme incertidumbre generada por los riesgos e impactos resultantes de la aplicación del fracking.   

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Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe velar por el seguimiento de los acuerdos internacionales que ha firmado y ratificado el país, en especial, en éste caso, el Acuerdo de Paris sobre control del Cambio Climático, en el que Colombia se comprometió a iniciar la transición hacía fuentes energéticas limpias y a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 20 % para 2030.  Obviamente, la aplicación del fracking va en contravía de éste compromiso internacional y adicionalmente el gobierno nacional no ha puesto el interés suficiente para estimular efectivamente transición, por lo cual seguimos dependiendo de los hidrocarburos y el carbón como fuentes principales de energía y generación de ingresos fiscales para el gobierno nacional.

La poderosa dupla, Ministerio de Minas y Energía/ Ecopetrol, ha manifestado por medio de la ministra y el presidente de Ecopetrol su interés en aplicar fracking lo antes posible, destacando la magnitud de los ingresos que generaría.  Lamentablemente, no han hecho lo mismo para apoyar la transición energética en la cual se comprometió Colombia, pues a pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno y el sector privado, distamos mucho de contar con un plan de amplia escala para aprovechar de manera efectiva  nuestros recursos en materia de energía solar y eólica. Su interés principal sigue siendo la explotación de los combustibles fósiles, profundizando las tendencias que han orientado el mundo hacia la insostenibilidad. Las empresas petroleras y de servicios de apoyo se alinearían naturalmente con la dupla Minminas/Ecopetrol, por sus intereses económicos y empresariales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y las CARS de las zonas en donde se realizarían los proyectos, tienen la responsabilidad de velar por la conservación del medio ambiente y promover el uso sostenible de los bienes y servicios que nos ofrecen generosamente los ecosistemas. Naturalmente, este conjunto institucional no puede estar a favor de la aplicación del fracking, sin el lleno de las condiciones previas recomendadas por la Comisión y probablemente de algunas otras que aún no se han identificado.

La posición de los entes territoriales, departamentos y municipios, donde se realizarían los proyectos puede ser diversa dependiendo de sus visiones y planes, pero a juzgar por el auge en las consultas populares que se han realizado en muchos municipios del país en contra de la minería y la explotación de hidrocarburos, se puede anticipar una fuerte oposición territorial al fracking.

Las comunidades muy probablemente tienen una posición similar, teniendo en cuenta los severos impactos que posiblemente generaría el fracking sobre sus formas de vida, sus ecosistemas y sus territorios. Además, con toda justicia, merecerían tener un espacio de participación  efectivo en las decisiones sobre éste asunto y en el seguimiento de sus posibles impactos socioambientales.

¿Cómo resolver esta conflictiva situación, que se basa en último término en el dilema entre desarrollo y medio ambiente? Sin duda, su origen proviene de la falta de capacidad para gestionar una situación compleja en la que intervienen múltiples actores con visiones e intereses diferentes y con diversos niveles de poder. Se trata en el fondo de encontrar nuevas formas de gobernanza participativa, articuladora y cooperativa.

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Por la trascendencia de la decisión para el futuro del país y la importancia y variedad de los actores involucrados, la definición sobre el uso del fracking ameritaría claramente su coordinación desde los más altos niveles del estado, en su calidad de personero del interés público,  priorizando la sostenibilidad territorial por encima de los intereses restringidos y de corto plazo y evitando riesgos graves mediante el uso del Principio de Precaución. Recordemos que durante la campaña presidencial el Presidente Duque manifestó que Colombia debería ser un país libre de fracking.