Mitos y realidades sobre la Línea Negra 

No existe una verdad absoluta sobre las implicaciones que tendrá el decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y que quedó ayer en firme tras la firma del presidente Santos. 

Mientras los gremios económicos y las autoridades de los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar insisten en que la ampliación de 54 a 348 puntos geográficos del polígono del territorio ancestral de los pueblos indígenas ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta afectará la propiedad privada y se constituirá en una talanquera para la ejecución de nuevos proyectos, el Gobierno nacional ha sido enfático al aseverar que no será así.

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Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos señaló que la nueva norma no vulnera ni desconoce la propiedad privada, ni los derechos adquiridos de terceros y de las comunidades étnicas.

 “Todo lo contrario, se garantiza su protección y se busca armonizarlos con los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada”, mencionó.

El mandatario recalcó que el decreto no reglamenta ni modifica la consulta previa en esa región. 

"Tampoco es cierto que las comunidades indígenas de allí se van a convertir en autoridades ambientales o que podrán modificar el uso del suelo y el subsuelo", afirmó. Santos. 

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Lo cierto es que aunque el polígono abarca la jurisdicción de tres corporaciones regionales y tres parques nacionales (Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y Los Flamencos), así como piedras, lagunas y ríos, al igual que algunos sectores de la zona urbana de Santa Marta, Riohacha y Valledupar como, por ejemplo, el Convento Plaza Alfonso López, las playas de Taganga  y los pueblos de Dibulla, Aracataca y Fundación (25 en total), el Gobierno es puntual al expresar que nadie será expropiado. 

Uno de los efectos de este decreto no es ampliar el territorio indígena, sino definir con exactitud los sitios sagrados para poder permitirle la entrada a los pueblos aborígenes con el fin de que realicen sus respectivos pagamentos. De hecho, la norma estipula que si se llegan a adquirir nuevos predios para los indígenas, estos serán comprados de acuerdo al mercado inmobiliario.  

Adicionalmente,  el decreto no modifica la consulta previa en la Sierra y tampoco les otorga autoridad ambiental a los mandos tradicionales indígenas. Así las cosas, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) seguirán ejerciendo la autoridad ambiental en la zona. 

La medida indica que los propietarios de los terrenos sagrados están obligados a conservar la flora y fauna que hace parte de la cosmogonía de los pueblos, tal y como está estipulado artículo 58 de la Constitución Política Colombiana. 

Entre tanto, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), teme que para cualquier actividad en Riohacha, Santa Marta o Valledupar se tenga que efectuar consulta previa, situación que ha sido desmentida por el Gobierno al señalar que ese proceso se adelantará en casos muy puntuales. 

También hay preocupación por los proyectos minero-energéticos y de infraestructura que se están adelantando en la nueva zona que cobijará la ampliación del territorio ancestral. Sin embargo, desde los ministerios han respondido que no hay por qué temer, teniendo en cuenta que esos fueron derechos adquiridos previamente. 

Así las cosas, tras su aplicación se sabrá realmente qué implicaciones traerá el nuevo decreto para todas las partes.