Los representantes de ocho comunidades decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de que se garantice un proceso transparente en la Corte Constitucional, en donde cursa una solicitud de nulidad parcial presentada por la empresa Cerro Matoso S.A. sobre una sentencia proferida por ese tribunal.

Los voceros solicitaron medidas cautelares ante el Estado de Colombia para prevenir daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada.

"Hacemos esta solicitud considerando los diversos rumores sobre la capacidad de lobby de directivos, abogados o voceros de la multinacional ante la Corte Constitucional, que en estos momentos estudia una solicitud de nulidad parcial", señalaron los representantes a través de un comunicado de prensa.

Le recomendamos: Explotación minera de Cerro Matoso produce daños a la salud y al ambiente


En la misiva requieren mantener la decisión total de la sentencia T-733 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y que no se anule ninguno de los puntos contenidos en la parte resolutiva, como lo pretende la solicitud de nulidad presentada por parte de la compañía.  

A través del fallo el alto tribunal ordenó a la administración del complejo minero adoptar las medidas necesarias para atender a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en inmediaciones de la mina, así como a financiar la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo con la suma de 400 millones de dólares por los perjuicios medioambientales y a la salud generados a cerca de 3.400 personas durante los últimos 35 años por la exploración y explotación de ferroníquel.

Ante esta situación, la empresa afirmó en su momento que la corte le había vulnerado el derecho al debido proceso porque desconoció la totalidad del material probatorio allegado por la empresa.

Puede leer: Cerro Matoso y gobierno realizan alianza por lo social para limpiar sus culpas


Adicionalmente hizo énfasis en las conclusiones del informe de Medicina Legal que advierte que no hay forma de probar que las enfermedades señaladas por las comunidades provinieran directamente de la operación de Cerro Matoso y aseveran que dicho estudio ratifica que las enfermedades señaladas por los demandantes son similares a las que padecen otros habitantes de Córdoba, departamento en donde se encuentra ubicada esta mina.

Frente a la petición radicada en la CIDH la empresa resaltó que la medida cautelar se instauró ante el Estado Colombiano.

Le sugerimos: La mayor minera del planeta quiere retirarse de la Asociación Mundial del Carbón


“El incidente de nulidad a la sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades. Cerro Matoso, en 35 años, ha sido una empresa responsable en el cumplimiento de todas las exigencias del Estado”, afirmó la empresa en un comunicado realizado el pasado 31 de julio de 2018, en el que además asevera que la firma está y seguirá cumpliendo todas y cada una de las órdenes emanadas de la sentencia.

Se espera que la próxima semana la sala plena de la Corte Constitucional dé a conocer una decisión definitiva frente a la solicitud de nulidad.