Al Plan de Desarrollo no se le puede pedir demasiado. Los planes son, por su naturaleza, listas de mercado. Como herramienta, buscan ser la brújula que establece el camino de un gobierno. En la realidad cumplen con ese objetivo, pero son también repositorios de ideas en los que se ven reflejados los intereses y preocupaciones de las mayorías, con un marcado énfasis por los sectores que acompañaron al candidato en campaña.

Esto sucede porque, en primer lugar, aunque el del Plan sea un proceso de construcción eminentemente técnico, no hay manera de blindarlo de la política. Cualquier sector que no vea sus prioridades en blanco y negro dentro del documento va a considerarse invisible. En segundo lugar, porque al ser la base conceptual para la Ley del Plan de Desarrollo, todo lo que posteriormente queda en el articulado de la Ley tiene que tener asidero dentro del texto. Al final, es mejor que sobre y no que falte.

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Este Plan de Desarrollo tiene un reto adicional: la crisis de identidad del gobierno Duque. La evidencia de los primeros cien días del actual gabinete pinta un panorama que está lejos de la certidumbre que el plan ni busca ni logra solucionar. Por un lado, Duque fue elegido por sectores conservadores del uribismo y, por otro, tiene un gabinete joven de talante liberal en el sentido más amplio, no el partidista. Esta doble personalidad resulta en un esfuerzo, a veces visible, por armonizar metas que contienen tensiones entre ellas.

La igualdad de la mujer, por ejemplo, ocupa un capítulo robusto y bien armado, mientras que el pacto por la equidad repite con frecuencia que la política social se basará en la familia en su definición más tradicional, una estructura que presenta obstáculos para que la mujer cumpla plenamente con su potencial económico y social. Los hidrocarburos se presentan como la mejor opción para financiar el camino trazado hacia la equidad, mientras se reconocen las amenazas del cambio climático, causado en gran parte por las emisiones de los combustibles fósiles, como uno de los principales retos que enfrenta el país.

La narrativa que introduce al plan es sólida: “La transformación social que ha vivido el país en la última década requiere un empujón desde la política pública para remover obstáculos específicos”. Se enlistan los principales: “El estancamiento de la productividad, el incremento de las economías ilegales, el aumento en la corrupción, las disparidades regionales, la informalidad, los costos tributarios y regulatorios, los rezagos para la transformación digital y la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y el cambio climático”.

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Resulta importante que el cambio climático, aunque no la sostenibilidad en general, quede dentro de ese diagnóstico inicial. Puede haber un vacío, sin embargo, cuando no se establece como obstáculo la ausencia de capacidad del Estado para enfrentar la conflictividad social y ambiental. La protesta social, componente clave de los primeros cien días del gobierno, probablemente incremente en la medida en que no se fortalezca esa capacidad. Esa meta tangible en el Pacto por la Sostenibilidad y en el discurso del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, no es igualmente transversal en el Plan.

Dado el origen político del presidente, la paz puede no ser ya un titular dentro de la agenda pública, pero tampoco queda por fuera y no hay motivo para creer que se hacen trizas los acuerdos ni su cumplimiento. El Pacto para la Construcción de la Paz se refiere específicamente a víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación; sin ser la primera prioridad, estos temas esenciales no desaparecen.

El Pacto por la Sostenibilidad es coherente y juicioso, aunque no revolucionario. Su objetivo es “consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la nación… es transversal al desarrollo, por lo que potenciará las acciones del sector privado, los territorios, las instituciones y la sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles, bajas en carbono y resilientes a los desastres y al cambio climático”.

Los planes y políticas diseñados por los gobiernos de Santos en materia de cambio climático y crecimiento verde podrían verse como apuestas más valientes en materia de sostenibilidad.

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La transversalidad, probablemente, sea el mayor logro y el que vale la pena resaltar, puesto que, como reitera el ministro Lozano, el sector ambiental acaba siendo responsable de metas que dependen, en gran medida, de cada uno de los sectores.

Como el resto del plan, la primera lectura del Pacto por la Sostenibilidad deja una sensación de tranquilidad, aunque no de entusiasmo. Su visión incrementalista se ajusta a la realidad política del país. Contrasta, sin embargo, con los mensajes de urgencia de agrupaciones de científicos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  (IPCC e IPBES por sus siglas en inglés), que hacen llamados urgentes en la modificación en nuestro uso de los recursos naturales. Solo el tiempo dirá cuál era el nivel de urgencia real. 

Líneas y componentes del Pacto por la Sostenibilidad

1. Actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático

  • Actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.
  • Mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo.? Economía circular y ciudades sostenibles.
  • Financiamiento, instrumentos económicos y mercados para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

2. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático

  • Decisiones en el territorio basadas en el conocimiento efectivo, actual y futuro de las realidades del riesgo de desastres para la planeación del desarrollo.
  • Corresponsabilidad territorial y sectorial para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.
  • Movilización de recursos y protección financiera ante desastres.
  • Manejo de desastres y reconstrucción adaptada y resiliente.

3. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

  • Renovación y modernización de la institucionalidad ambiental, la regulación y el financiamiento.
  • Mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad.
  • Educación, participación y cultura ambiental como base para la transformación hacia la sostenibilidad y la prevención de conflictos socioambientales.
  • Gestión de la información y del conocimiento efectivo y de fácil acceso.   

4. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la nación

  • Control de la deforestación, prevención de la degradación y conservación de ecosistemas.
  • Intervenciones integrales en territorios enfocadas en áreas ambientalmente estratégicas y las comunidades que los habitan.
  • Incentivos a la conservación y pago por servicios ambientales.
  • Desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad.