A un año de haberse firmado el Acuerdo de Escazú, convenio multilateral que busca proteger los derechos de los defensores ambientales y de cuya negociación Colombia fue parte activa, el gobierno decidió no suscribirlo por considerar que ya existen instrumentos nacionales e internacionales que permiten cumplir con este objetivo.

Durante la reciente Asamblea de las Naciones Unidas, 20 países, de los 33 de Suramérica y el Caribe, respaldaron este acuerdo regional que establece el acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, así como la protección de sus defensores, mientras que otras seis naciones más lo ratificaron. Sin embargo, el gobierno colombiano decidió no optar por esta alternativa, tras un año de consultas ante distintas entidades del Estado para determinar la conveniencia y viabilidad de su suscripción. 

Esta posición generó el rechazo de organizaciones como la Asociación Ambiente y Sociedad, el Movimiento Ambientalista Colombiano y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), que mostraron su inconformismo por la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de suscribir esta herramienta de protección, bajo el argumento de que actualmente existen diversos instrumentos que vinculan al país en esta materia y cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia constitucional. 

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Según la Cancillería, el Gobierno nacional viene haciendo un gran esfuerzo en enfocar todos los recursos para fortalecer la efectividad de la estructura normativa e institucional vigente. 

"La no firma del acuerdo es un mal mensaje para los ambientalistas y una afrenta para quienes luchan por proteger sus territorios de organizaciones al margen de la Ley y de multinacionales que tienen intereses económicos”, señaló Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano. 

Para el activista esta decisión es una mala señal, pues "pareciera que el Gobierno se está poniendo más de parte de los bandidos, que de las personas que luchan por proteger el planeta".

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“La aniquilación sistemática de los ambientalistas es el reflejo de las pocas acciones del Gobierno para protegerlos y por eso, Colombia ocupa el vergonzoso segundo lugar en el mundo en el asesinato de defensores del medioambiente”, expresó. 

Para Prieto hay una gran diferencia entre la palabra y la acción por parte del presidente Iván Duque, pues -según él- mientras el mandatario habla de que en el país se trabaja en este tema, por otro lado no firma el acuerdo.

Colombia es el segundo país más peligroso en el mundo para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales. Solo en 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales en el territorio nacional, según el informe Global Witness. 

Vanessa Torres, subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad, a su turno, dijo que las razones expuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores no eran suficientes ni contundentes como para que el país se hubiera negado a firmar. 

“Efectivamente existen muchas normas, pero también hay desconocimiento, ineficiencia e ineficacia. Además, hay un punto importante y es que en Colombia no existe una normativa directa de protección sobre los defensores y defensoras ambientales, lo cual es necesario y digamos que sería un primer paso dentro de la voluntad política del gobierno nacional para darles garantías a los líderes que defienden nuestro territorio y que les está costando la vida”, comentó Torres.

Se espera que en los próximos días la Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la que hacen parte nueve organizaciones, incluidas el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes (MASP), la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, la Red por la Justicia Ambiental y la Red para los Derechos de Acceso Información, así como las tres mencionadas inicialmente, de a conocer una comunicación oficial respecto a este tema. 

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A mediados de agosto de 2019, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le había solicitado al presidente Duque, adherirse y firmar el Acuerdo de Escazú, a través de una carta en la que señalaba que su suscripción le permitiría al país avanzar en la efectiva participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y el acceso de información en esta materia, de conformidad con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

"Sin duda, con la firma y adhesión a este acuerdo, Colombia no solo avanzará en el acceso a la información ambiental, a la justicia y democracia ambiental efectiva, sino que, además, brindará mayores garantías a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, precisó el Procurador. Finalmente su petición no fue escuchada.