El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha afirmado en varias ocasiones que en la reserva Van der Hammen solo hay potreros y por eso ha hecho una propuesta para hacer un bosque de 630 hectáreas, que cubriría el 80% de la zona.

La administración distrital sugiere, por ejemplo, aumentar el área protegida, ampliación que le permitiría a la Alcaldía entrar a intervenir algunas de las zonas de veda para construir vías que permitan mejorar el flujo vehicular el norte de la ciudad, como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la Avenida Boyacá y la Ciudad de Cali. 

Según el Distrito serán 12 corredores viales que tan solo demandarían la sustracción de 29 hectáreas de la reserva. 

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Adicionalmente, la Alcaldía plantea la construcción de un paisaje ambiental que, al parecer, mejoraría la vida para los bogotanos y protegerá el ecosistema pues, según el Distrito, interconectaría los ecosistemas existentes. 

Estas, entre otras iniciativas, recibieron el ‘guiño‘ del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) acoger la propuesta presentada por la Alcaldía, mediante la cual se ordena, redelimita, recategoriza y sustrae una parte de la reserva.

La sentencia considera "conveniente y necesaria” para la cuenca del río Bogotá, la propuesta presentada por la administración distrital, que deberá comenzar inmediatamente con las gestiones administativas y las apropiaciones económicas necesarias que permitan adelantar los trabajos de restauración y adquisición predial en las áreas que según la propuesta sean procedentes.

El fallo recalca que la propuesta presentada por la Alcaldía contiene beneficios ambientales, económicos y sociales que contribuyen al desarrollo y conservación de la Cuenca Media del Río Bogotá.

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La magistrada Nelly Villamizar, quien en 2004 fue la ponente del fallo que ordenó salvar el río Bogotá (ratificado por el Consejo de Estado en 2014), fue la encargada de proferir la sentencia que ordena a aprobar completamente la propuesta presentada por el Distrito.  

Cabe recordar que la CAR recibió la solicitud de aprobación de la propuesta de parte del Distrito el pasado mes de abril y todavía no ha emitido ningún concepto. 

De hecho, esa autoridad ambiental ha venido adelantando una serie de audiencias informales para escuchar a las personas que están solicitando mantener la declaración de la reserva como zona productora de agua, que data del 2011, frente a la propuesta de declararla simplemente zona protectora, pues esta última opción abriría la opción de adelantar el proyecto que tiene sobre la mesa la Alcaldía de Bogotá.  

Dicha propuesta ha tenido una fuerte oposición del gremio ambientalista que asegura que los efectos sobre la reserva podrían ser devastadores. Adicionalmente, consideran que no es legal adelantar la realinderación, teniendo en cuenta que la CAR ya había adelantado ese proceso cuatro años atrás. 

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El abogado Gustavo Guerrero, profesor de derecho ambiental, afirma que le llamó la atención el hecho de que este fallo se sustente en los resultados de una visita técnica y en el documento que presentó la Alcaldía, pero no en los estudios que precedieron a la expedición del plan de manejo de la reserva. 

"No hay un contraste, que es algo que en lo personal como abogado echo de menos", de menos.  

A Guerrero le preocupa que un juez está sustituyendo o vaciando de competencias a la autoridad ambiental. 

"Existe un proceso de evaluación de una solicitud de realinderación y recategorización presentada por el Distrito a la CAR y la magistrada abordó y asumió esa tarea, luego la magistrada está diciéndole a la CAR que no es competente, que espere a que ella le diga lo que tienen que hacer", dijo. 

El experto aseguró que también parece haber un desconocimiento de las dos nulidades que actualmente cursan en el Consejo de Estado. 

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"Siento que no hay un abordaje completo del contexto jurídico de esta discusión sobre la Van der Hammen porque, por ejemplo, en la mención a las acciones judiciales no se señala las dos nulidades que están en curso en el Consejo de Estado y que perfectamente podrían declarar nulo el acuerdo 11 que decretó la reserva. Frente a eso la magistrada perfectamente hubiese podido tomar una decisión diferente, postergando su decisión o dejándole el fallo al alto tribunal", apuntó.  

Guerrero cree que al Director de la CAR no le quedará de otra sino citar al consejo directivo de esa entidad y aprobar la propuesta que presentó el Distrito porque el Tribunal no le dejó otra opción. 

"En estos autos que resuelven incidentes de desacato existen recursos que se pueden presentar, pero habrá que ver si la CAR va a recurrir o no al percibir que están invadiendo su órbita de competencias. Habrá que esperar también si los actores ciudadanos que han venido defendiendo la reserva también deciden intervenir", comentó. 

Sin embargo, para Guerrero el daño más grande que se le pudo haber hecho a este ecosistema ocurrió en el 2011, año en que fue declarada como reserva forestal productora. 

"Porque no es un área protegida, sino destinada al cultivo de especies forestales, luego hubo un yerro enome al seleccionar la categoría", manifestó.