* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y  sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Colombia ostenta el título del segundo país más biodiverso del planeta. En las más de 114 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional, los expertos han registrado 58.312 especies de animales y plantas, cifra que sólo es superada por Brasil.

Según el Instituto Humboldt, Colombia lidera el ranking de las aves y orquídeas en el planeta, con 1.999 y 3.179 especies respectivamente. Además, es la segunda nación con mayor cantidad de plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, tercera en palmas y reptiles y sexta en mamíferos.

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Toda esa magia biodiversa está en un peligro latente. Así lo revela la Contraloría General de la República en el Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA) entre los años 2019 y 2020, una evaluación de la política pública ambiental y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales.

La deforestación es catalogada como la principal problemática ambiental en Colombia. Foto: Jhon Barros.

Las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”, dijo el contralor general Carlos Felipe Córdoba.

Para el contralor, la realidad ambiental del país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir. “Para beneficio del ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, lo que se espera es que los pactos suscritos por el Gobierno superen las dificultades que a la fecha han caracterizado el sector ambiental. No obstante, las debilidades y carencias persisten y no garantizan el objetivo nacional de contar con un ambiente sano”.

Uno de los principales hallazgos del informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, es una importante reducción en materia de inversión para el sector ambiente. Entre 2018 y 2019, el presupuesto se redujo en 83.017 millones de pesos (12 por ciento menos), al pasar de 705.620 a 622.602 millones.

Los ríos del país se ven cada vez más afectados por la minería ilegal. Foto: Ejército.

Esto significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país. Por su parte, el rubro para inversión, el que financia los programas y proyectos para la protección del medioambiente, muestra una caída del 21 por ciento respecto a 2018, situando al sector ambiente como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional”, informó Córdoba.

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Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), encargadas de velar por los recursos naturales en las regiones, tampoco quedan bien paradas en el informe de la Contraloría. “Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos”.  

El documento concluye que los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron 3.719.264 millones de pesos, pero solo se apropiaron 3.552.312 millones, es decir un 95 por ciento. “19 de estas entidades apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de 371.277 millones de pesos”.  

La biodiversidad colombiana enfrenta un turbio panorama. Foto: Angélica Martínez (PNN).

En cuanto al presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en 2019, un total de 2.613.462 millones pesos, la Contraloría observó una pérdida de apropiación de 690.314 millones (26 por ciento). "De los compromisos adquiridos por 1.923.147 millones de pesos sólo se ejecutó 57 por ciento".

Esto quiere decir que la suma de 818.726 millones de pesos (43 por ciento) se constituyó como reserva presupuestal, "lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia”, indica el ente de control.  

La Contraloría considera como relevante la iniciativa de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno la reforma a las CAR. “Ya cursa en el Congreso de la República el respectivo proyecto de ley que incluye la unificación del manejo presupuestal de estas entidades, ya que su falta de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos puestos a su disposición para la preservación del medioambiente”. 

El segundo país más biodiverso del mundo atraviesa por una profunda crisis ambiental. Foto: Jhon Barros.

Pocos dientes

Según el informe, en Colombia se mantienen las debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales. “Hay vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica, deficiencias técnicas, baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio y una escasa planificación de las áreas protegidas”. 

Para Córdoba, es evidente la incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas. “Esto ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como la contaminación de las cuencas hidrográficas y la pérdida de recursos hidrobiológicos”. 

Otros pasivos ambientales identificados por la Contraloría son el precario estado de los ecosistemas marinos y manglares, el aumento de la deforestación y el bajo cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. 

La pérdida del bosque es catalogada por la Contraloría como uno de los principales pasivos ambientales. Foto: Jhon Barros.

Palo al Gobierno

Después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, la Contraloría observó que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los gases de efecto invernadero.

“El recaudo de este impuesto por parte de la DIAN entre 2017 y 2019 ascendió a 1.221.980 millones de pesos, de los cuales el 45 por ciento corresponde al medioambiente, es decir 549.891 millones. Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación, a pesar de que tienen destinación específica: la protección del medioambiente”.

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Para el ente de control, la forma como ha sido desarrollado el mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones “y por eso hay abruptas variaciones de sobreoferta o excesiva demanda”.

El mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones, dice la entidad. Foto: Jhon Barros. 

Según la Contraloría, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Iván Duque no priorizó las estrategias y acciones orientadas a la educación, formación y sensibilización del cambio climático, es decir acciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades futuras en el sector privado y en la sociedad en general.

“Otra de las debilidades identificadas es la incoherencia en la línea base del PND y la incongruencia de los datos y cifras que las entidades públicas reportan a la ciudadanía. Esto significa que en la elaboración del plan no se tuvo la información suficiente, oportuna y confiable y se propusieron mediciones ambiguas”.

En cuanto a la deforestación, catalogada como la principal problemática ambiental en Colombia, el ente de control evidenció que no hay mucha claridad sobre el compromiso firmado en el Acuerdo de París de llegar al cero por ciento la pérdida de bosque neta en 2020. “No existen cifras claras sobre el avance hacia esa meta porque no existe un reporte oficial del Ideam. En 2018, el área deforestada fue de 197.159 hectáreas”. 

A la Contraloría le afana en avance de la deforestación en Colombia. Foto: FCDS. 

Para la Contraloría, el PND no contempló las acciones para priorizar el acceso a tierra por parte de la población campesina y vulnerable así como el saneamiento de la propiedad, “toda vez que tanto el uso y goce de la tierra como el título de propiedad son necesarios para ingresar a la oferta de la política agropecuaria y para eliminar los conflictos socioambientales originados en estas áreas”.

El informe revela que en Colombia no hay contratos que den acceso a los recursos genéticos sin garantizar los beneficios monetarios y no monetarios a los que tienen derecho las comunidades étnicas. “La falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de patentes resultado de la biopiratería”.

Descontaminación del río Bogotá

La cuenca del río Bogotá está conformada por 589.143 hectáreas de 46 municipios de Cundinamarca y la capital del país. Nace en el páramo de Guacheneque en Villapinzón y desemboca en el río Magdalena a la altura de Girardot.

El río sagrado de los muiscas hoy en día es considerado como uno de los más contaminados del planeta, una estampa que contrasta con las actividades agrícolas, pecuarias e industriales que hacen presencia en la cuenca, que concentra más del 30 por ciento del Producto Interno Bruto del País.

De los 380 kilómetros del río Bogotá, sólo 11 cuentan con aguas de buena calidad, cerca de su nacimiento. Foto: Jhon Barros.

El río adquiere la mayoría de las descargas contaminantes en la cuenca media, en donde para los periodos de lluvia y sequía alrededor del 75 por ciento de los puntos de monitoreo tienen condiciones malas y muy malas”, dice la Contraloría.

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En 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una una sentencia que obligó a la Nación a descontaminar el río Bogotá, medida que fue ratificada 10 años después por el Consejo de Estado. “La sentencia declara responsables a los habitantes e industrias de la cuenca por la contaminación del río y sus afluentes. También se declaran responsables las autoridades que no han tomado medidas para descontaminarlo y prevenir su contaminación”, menciona el ente de control.

La sentencia ordenó la creación del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y del Fondo Común de Cofinanciamiento. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelanta el megaproyecto de recuperación ambiental del afluente, conformado por acciones como obras de adecuación Hidráulica y la ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento (PTAR) Salitre.

Bogotá y Soacha le dan el mayor golpe contaminante al río sagrado de los muiscas. Foto: Jhon Barros.

La ampliación y optimización de la PTAR Salitre consiste en incrementar su capacidad de tratamiento hasta un caudal de ocho metros cúbicos por segundo con tratamiento secundario y desinfección. Entre tanto, la CAR ya culminó la adecuación hidráulica en 68 kilómetros de la cuenca media y realiza estudios para la elaboración de un plan de manejo integral del agua en la cuenca.

Aunque los informes de gestión la CAR evidencian que ha cumplido con los cronogramas de trabajo y avance de las obras presupuestadas, nuestra auditoría concluyó que el cumplimiento de la normatividad relacionada con contratos terminados y liquidados en las vigencias 2017 y 2018, no resulta conforme en todos los aspectos significativos”, cita en informe.

La Contraloría detectó costos de externalidades relacionados con la alteración de la calidad hídrica, como la pérdida de cosechas o cultivos y costos relacionados con el tratamiento de agua, con el objetivo de lograr una calidad óptima para su uso en cultivos.

Algunos kilómetros de la cuenca media del río Bogotá ya son navegables. Foto: CAR. 

También hay costos asociados al incremento de enfermedades y pérdida de las amenidades por la contaminación del agua y un incremento relacionado con los costos de la producción debido a mayores requerimientos monetarios, tecnológicos y de personal para conseguir agua en condiciones aceptables para los diferentes procesos”, afirma la Contraloría.

La entidad, que le hace seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la sentencia, indica que las autoridades ambientales y territoriales no han tenido un adecuado manejo de los impactos ambientales en la cuenca del río Bogotá, “hallazgos que son incorporados en los planes de mejoramiento institucionales, con indicación de tiempo, recursos y responsables, para superar lo señalado por la Contraloría”.

El Magdalena sin peces

El río Grande de la Magdalena recorre 1.528 kilómetros desde su nacimiento en el Macizo colombiano hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza. La cuenca alberga 17 departamentos y concentra cerca del 49 por ciento de la población colombiana.

Según la Contraloría, de las 630 cabeceras municipales y centros poblados reportados, 563 cuentan con plan de saneamiento y manejo de vertimientos formulado. Sin embargo, sólo 19 tienen implementación completa y 53 un avance mayor al 50 por ciento.

El río Magdalena se está quedando sin peces. Foto: Jhon Barros.

“En promedio, el río Magdalena descarga cada hora 10.773 toneladas de sedimentos en el mar. 15 por ciento de las 39 estaciones del río reflejan malas condiciones de calidad de agua y no cumplen con el estándar mínimo que exige la norma de garantizar cuatro miligramos por litro de oxígeno disuelto en aguas cálidas”. 

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Estudios realizados por la Autoridad Nacional Pesquera evidencian que entre 1975 y 2016, el recurso pesquero del afluente disminuyó un 70 por ciento, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y el bocachico. “La pérdida del recurso pesquero está estrechamente relacionada con el deterioro ambiental del sistema de humedales del río Magdalena”.

Los humedales asociados a la cuenca del Magdalena están afectados por la sedimentación y contaminación; pérdida de coberturas naturales en las áreas de influencia de los complejos; asentamiento de centros poblados que disponen las aguas residuales y residuos sólidos en los cuerpos de agua; desarrollo de producción agropecuaria y agroindustria; y construcción de obras de infraestructura en cauces.

Los humedales y ciénagas del Magdalena presentan una mala calidad hídrica. Foto: Jhon Barros.

El informe de la Contraloría afirma que la cuenca del río Magdalena sufre las consecuencias del desinterés de las autoridades y la sociedad para protegerla debidamente, “lo que se evidencia en el deficiente desarrollo de la infraestructura de sistemas de tratamiento de aguas servidas, baja cobertura y disposición antitécnica de residuos sólidos, carencia de programas estructurados de reforestación y baja financiación de proyectos y programas para las comunidades ribereñas”.

La auditoría al distrito de riego a gran escala del Triángulo del Tolima cuestiona el papel de la ANLA y Cortolima, “al omitir su función de autoridad ambiental en cuanto a su fin misional de control y vigilancia, hallazgos que en su momento se trasladaron a otras entidades”. 

Pocos avances en el río Atrato

En el Pacífico colombiano, la Contraloría evidenció que persisten las afectaciones socioambientales en la cuenca del río Atrato, su mayoría relacionadas al desarrollo de actividades de minería tanto autorizada como ilegal. “Se continúan desarrollando actividades de minería ilegal en la cuenca del río Quito y fue posible registrar afectaciones ambientales por proyectos mineros con instrumentos ambientales aprobados en el departamento del Chocó”.

Como escaso catalogó el ente de control el grado de avance y cumplimiento de la sentencia de 2016 que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. “Solo hasta el mes de diciembre de 2019 fue presentado el plan de acción por parte del Ministerio de Ambiente y la Comisión Guardianes del río Atrato”.

La minería sigue afectando al río Atrato. Foto: Semana.

El informe indica que el Ministerio de Ambiente reporta deficiencias en la etapa de diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales, una de las obligaciones de la sentencia.

No reporta información acerca del cumplimiento de los trámites que se deben adelantar previamente como la sustracciones de áreas de reserva forestal y la consulta previa para el desarrollo de proyectos de minería”.

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En la región Caribe, la Contraloría evidenció que el tensionante que más impacta a los humedales y cuerpos hídricos de la zona es la contaminación de las aguas, producto de la disposición de vertimientos, ausencia de definición y delimitación de la ronda hídrica y construcción de obras de infraestructura sin el adecuado mantenimiento, “lo cual facilita la intervención o deterioro del medio natural y ocupación con actividades agropecuarias o urbanización”.

El Gobierno poco ha avanzado en controlar la minería ilegal. Foto: Daniel Reina.

La calidad del agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Complejo Cenagoso de La Mojana es mala, mientras que para la ciénaga de La Virgen es regular. “Sin embargo, las autoridades ambientales no cuentan con los resultados de calidad hídrica de estos cuerpos de agua más allá de 2016”, dice la Contraloría.

En la Amazonia, el informe recalca que se deben superar las dificultades de coordinación, articulación y comunicación entre los actores estatales e intensificar la investigación, cuantificación y monitoreo de los ecosistemas de la región y sus servicios ecosistémicos.

“Es necesario fortalecer las estrategias referidas a la restauración ecológica de las áreas disturbadas por las distintas presiones sobre los ecosistemas de la región, en particular las asociadas a la deforestación. Llamamos la atención en que reforestar no es lo mismo que restaurar, esto ante las manifestaciones del Gobierno sobre su compromiso de sembrar 82 millones de árboles a 2022”.

La fauna de la Amazonia está cada vez más acorralada por la deforestación y la minería. Foto: Corpoamazonia.

En la Orinoquia, la Contraloría indica que hay una carencia en la información sobre el recurso hídrico. “La región no cuenta con una efectiva estrategia para la recuperación de las fuentes hídricas y el mejoramiento de la calidad de las aguas, incluida la falta de seguimiento y caracterización de los vertimientos”.

Según Corporinoquia, la demanda del recurso hídrico se concentra en el sector agrícola (45 por ciento), seguido por el pecuario y piscícola (25,1 por ciento). “Los productos como arroz, palma africana y cítricos, que son de extensas áreas, requieren de una buena irrigación a lo largo del año, así como el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Esto genera un considerable impacto tanto en la oferta como en la calidad del recurso hídrico. El sector pecuario tiene su mayor impacto sobre la oferta por el continuo aumento y avance de su frontera”.

Crisis en San Andrés

La planificación del desarrollo turístico en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúa siendo débil, mientras que sus impactos ambientales son cada vez más relevantes y alarmantes.

El informe de la Contraloría revela que San Andrés está al borde de una emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras. “El crecimiento poblacional y las actividades de turismo y comerciales generan un aumento de los desechos, por cuanto es deber de la administración municipal y ambiental garantizar la adecuada gestión de residuos sólidos”.

La proliferación de basura en San Andrés lo tienen al borde del colapso. Foto: Mauricio Ochoa.

La entidad considera necesario fortalecer estrategias para el reciclaje y poner en funcionamiento la Planta de Incineración de Residuos (PIR) para ampliar la vida útil del relleno sanitario. 

“Sin embargo, hay que tener en cuenta que la incineración no es una tecnología limpia por las emisiones que se pueden generar de su combustión, por lo que se deben desarrollar tecnologías adicionales que reduzcan este tipo de contaminación”.

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Las aguas residuales vertidas al ecosistema marino no presentan ningún tratamiento: sólo se realiza separación de residuos sólidos de mayor tamaño, lo cual genera impacto sobre el ecosistema. “Se requiere una actualización del plan de manejo ambiental del operador del Emisario Submarino y hacer un control riguroso del estado del emisario submarino por parte de la autoridad ambiental”.

Basuras y vertimientos tienen en crisis al archipiélago de San Andrés. Foto: Mauricio Ochoa.

El ente de control afirma que es prioritaria la construcción de la planta de tratamiento primario y de lodos para solucionar la disposición directa de excretas al mar. “Es necesaria la cobertura total de alcantarillado de la isla para evitar seguir haciendo uso de los pozos sépticos, ya que con estos vertimientos existe un peligro de contaminación directa a los acuíferos, los que se constituyen en fuente principal de abastecimiento de agua potable para la población".

El archipiélago padece por una tendencia al deterioro de sus ecosistemas estratégicos, en especial en las áreas coralinas. “Esto demuestra que la Reserva de Biósfera Seaflower no se dirige a alcanzar un desarrollo sostenible, a pesar que está enmarcada dentro del cumplimiento del Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Otros factores de contaminación en la isla son la afectación del agua subterránea por la filtración de lixiviados generados en el sitio de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario; el uso de plaguicidas y abonos con aplicaciones y almacenamientos inadecuados o vertidos accidentales; y contaminación de tipo doméstico a través de fosas sépticas y fugas de alcantarillado”.