La posibilidad de que este jueves la Sala Plena del Consejo de Estado determine si levanta o no las medidas cautelares, que hasta ahora tienen suspendidos los procesos de licenciamiento ambiental de fracking en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ha encendido de nuevo el debate sobre si el país está preparado para implemenetar esta técnica de fractruración hidráulica para la extracción de gas y petróleo. 

Por un lado está el Gobierno y las empresas del sector petrolero que aseguran que Colombia cuenta con toda la capacidad técnica y normativa para adelantar los proyectos pilotos de fracking y, por el otro, los ambientalistas, académicos y líderes sociales y políticos que advierten sobre la falta de estudios, conocimiento científico y licenciamiento social para emprenderlos. Consideran que los riesgos a la salud y el medioambiente son muy altos y, por esa razón, proponen que se aplique el principio de precaución. 

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La decisión que tome la alta corte frente al proceso que suspendió el marco normativo del fracking en el país, tras la demanda de nulidad simple presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la Universidad del Norte contra el Ministerio de Minas y Energía, será determinante. 

Por esa razón, ni el gobierno ni las organizaciones que se oponen a la implementación de esta técnica en el país han parado de moverse. En los últimos días el tema ha vuelto a cobrar relevancia mediática, al punto que este miércoles se constityó en tendencia de Twitter. 

Motivados por la aparente presión que se viene ejerciendo para que los magistrados voten a favor de levantar las medidas cautelares, varias organizaciones ambientalistas decidieron emprender por redes sociales una campaña denominada #NoPermitanElFracking, a la que se unieron artistas como Catalina García, vocalista de Monsieur Periné; las presentadoras Claudia Bahamón y Toya Montoya; Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, y los actores Cony Camelo, Julián Román, Natalia Reyes, Marcela Carvajal y Flora Martínez, entre otros. 

Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, aseguró que decidieron movilizarse en redes sociales para contrarrestar la presión mediática que vienen ejerciendo el Gobierno, la industria y algunos columnistas y editores de medios de comunicación. "Procesalmente a nosotros no nos han dicho nada, no hemos sido notificados ni tenemos la certeza de que la decisión se vaya a producir hoy o que este punto haga parte del orden del día del Consejo de Estado. Todo lo que hay es una información extraoficial, que parecen solo tener los representantes de la industria, que son quienes las han dado a conocer", comentó. 

Santiago espera que no se levante la medida cautelar y se ponderen los derechos amenazados de las comunidades, así como que se tengan en cuenta los conceptos emitidos, por ejemplo, por la Contraloría General de la República que advirtió en un informe sobre el impacto "catastrófico e irreversible" del fracking. 

"No entendemos cómo los magistrados emitirán un concepto si el grupo de expertos de la Universidad Nacional, que pidió el propio Consejo de Estado que se creara, aún no ha dado a conocer su dictamen pericial frente a la conveniencia o no de implementar esta técnica. Pero, además, la nueva conjuez, que está reemplazando a uno de los magistrados que se declaró impedido, todavía no ha tenido el tiempo suficiente para empaparse del caso y poder ser parte de la decisión", recalcó. 

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Juana Hofman, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Aida, dijo que el fallo del alto tribunal podría tener serias e importantes consecuencias.

"Por un lado, si el Consejo de Estado levanta la suspensión provisional, implicaría el muy seguro otorgamiento de las licencias para la realización de las explotaciones por medio de la técnica de fracturación hidráulica con las posibles consecuencias ambientales desfavorables que eso implicaría en los ecosistemas acuíferos por la cantidad de productos químicos utilizados y la presión aplicada sobre los yacimientos, como el aumento de la sismicidad, contaminación hídrica y afectación de la salubridad. Esto, cuando por demás, no se han atendido las recomendaciones del comité de expertos que creó el propio Gobierno, tales como: el fortalecimiento de la capacidad institucional; la gestión de la licencia social; información completa, validada y pública sobre aspectos hidrogeológicos y ecosistémicos; acordar un sistema para la participación comunitaria en la toma de decisiones, y la formulación de un pacto de Estado", manifestó. 

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Para la jurista el otorgamiento de las licencias, posterior al levantamiento de las medidas provisionales, implicaría también la configuración de una expectativa razonable sobre esas licencias por parte de las empresas que desarrollan el fracking. "De esta manera, de ser otorgadas esas licencias ambientales, las empresas autorizadas adquirirían un derecho sobre la explotación económica de los yacimientos no convencionales. Si el Consejo de Estado decide, posterior al análisis de fondo de todas las pruebas, dejar sin efectos las normas que regulan el fracking en Colombia, seguirá como consecuencia el reclamo de esos derechos, que muy seguramente se reflejará en millonarias demandas al Estado, y naturalmente, en un significativo detrimento patrimonial", resaltó Hofman.  

Así las cosas, habrá que esperar el pronunciamiento que hará el Consejo de Estado frente a este polémico tema.