Los bosques del Guaviare están en riesgo constante. Las mafias deforestadoras tumban cada vez más árboles para adueñarse de tierras, algunas en lugares sagrados como Chiribiquete, Patrimonio de la Humanidad.

En 2017, perdió 38.211 hectáreas de bosque y en 2018 el Ministerio de Ambiente vaticinó que fueron más de 70.000 hectáreas. La expansión de praderas para apropiación y ganadería extensiva son sus principales motores, financiados por actores externos que generan expectativa de valorización a costa de los bosques baldíos de la Nación.

Ante la acelerada devastación, muchos esperaban que el taller “Construyendo País”, realizado a finales de diciembre de 2018 en San José del Guaviare, la deforestación fuera protagonista, o que por lo menos su gobernador, Nebio de Jesús Echeverry, hiciera un SOS para proteger los bosques amazónicos.

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Sin embargo, Echeverry habló de fortalecer el hato ganadero, la palma y pavimentar vías, y no nombró en su discurso un bosque, un árbol o una rama en sus cinco minutos de su alocución.

“El Guaviare está rodeado de palma africana”, le dijo Echeverry al Presidente Iván Duque. “En Mapiripán llegaron extranjeros e hicieron inversiones para instalar una extractora. También las hay en Puerto Rico y Granada. A los campesinos les pagan quincenas de millón y pico, por lo cual están antojados de palma y piensan que es una alternativa importante”.

Aseguró que el departamento cuenta con 400.000 cabezas de ganado, pero que hay pastos para más de un millón de vacas. Esto, tal vez desconociendo que casi todo el Guaviare tiene alguna restricción ambiental o cultural, mientras que 92 por ciento alberga suelos aptos para la conservación o con figuras de manejo especial, de acuerdo con el Instituto Agustín Codazzi.

En 2017, el departamento del Guaviare perdió 38.211 hectáreas de bosque y en 2018 el Ministerio de Ambiente vaticinó que fueron más de 70.000 hectáreas. Foto:

En medio de abucheos, Echeverry solicitó la pavimentación de la vía que conecta a San José del Guaviare con Calamar, 75 kilómetros que según él beneficiarán también al Vaupés. “Es una vía importante para mejorar la calidad de vida de los campesinos. También necesitamos la modificación de las normas sobre titulación de tierras, para que la comunidad acceda a proyectos y créditos, y 100 tractores para mejorar los suelos”, agregó.

SEMANA se comunicó con el gobernador vía telefónica para conocer por qué no incluyó la deforestación en el taller del gobierno. Aunque no fue posible hablar personalmente con él, uno de sus asesores le pasó las preguntas y luego envió las respuestas en un escrito.

Los temas se trataron en mesas temáticas

“En las mesas temáticas del taller se abordaron los componentes relacionados con el desarrollo del territorio, en forma concertada con las sociedades asentadas. Fueron compilados requerimientos como la pavimentación de la vía San José del Guaviare-Calamar, apoyo al desarrollo agropecuario, ampliación de la interconexión eléctrica, derecho a la propiedad de la tierra en las zonas de sustracción, delimitaciones de la frontera agrícola e implementación de la política pública para pagos de servicios ambientales”, dice el documento.

En el texto enviado a SEMANA, el gobernador también informó que en las mesas fue socializado el tema ambiental, “debatiendo sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y las dificultades operativas para garantizar la conservación de los bosques, dada la complejidad del territorio en desplazamiento y movilidad, y las razones de seguridad adyacentes en el departamento”.

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Se discutió la operatividad de la burbuja ambiental contra la deforestación como herramienta para la protección de la región de la amazorinoquia. Se acordó que la Gobernación haría una intervención en líneas gruesas sobre algunos de los temas que aquejan o son necesidad de la población, y que los alcaldes harían intervenciones más puntuales entre ellas el tema ambiental”, concluye el documento.

Redes encendidas

Luego de las declaraciones del funcionario en el taller del gobierno, un inconformismo “verde” inundó las redes sociales. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, fue el primero en postear en Twitter. Pidió conocer la posición del gobierno frente a los planteamientos de Echeverry de dedicar el territorio a plantaciones de palma y ganadería extensiva, “lo que implica una deforestación masiva de la selva amazónica”.

En un segundo tweet, con el hashtag #DestruyendoPaís, Rodríguez hizo un SOS: “el gobernador está fomentando las plantaciones de palma y por ende la deforestación masiva de la selva ¿Está el Presidente Duque de acuerdo con semejante ecocidio?”.

En entrevista con SEMANA, el exministro precisó que en Colombia hay gobernaciones o poderes regionales que están claramente interesados en extraer recursos económicos del país, “en este caso de tala de bosques para abrir grandes haciendas. El tema es complejo, porque es evidente que hay propósitos lejanos a mandatos constitucionales y políticas nacionales como la protección de la diversidad biológica y cultural. Hay poderes locales y regionales que tienen agenda a contrapelo de la constitución y la ley”.

Rodríguez recalcó que el gobernador es consciente y sabe exactamente lo que se está haciendo, “poniéndose de ruana la ley, tirándose un parque. Él y su gente quieren derrotar a quienes están  interesados en mantener el bosque en la región amazónica”.

Rodrigo Botero, Director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, escribió en su cuenta de Twitter: “ampliar la frontera agrícola a través de la conexión vial al Vaupés, utilización de la reserva forestal y campesina para palma y ampliación del hato ganadero ¿Cómo reacciona el gobierno?”.

Brigitte Baptiste, Directora del Instituto Humboldt, citó: “ya se hace explícita la política deforestadora del funcionario. Es bueno que esté sobre la mesa”.

Carlos Fonseca, ex director de Colciencias, trinó: “¿quiénes son los patrones del gobernador? Esta es la pregunta urgente de responder para enfocar los esfuerzos. El problema viene de tiempo atrás con la carretera desde San José hasta el oriente. Eso estaba previsto por ellos”.

Margarita Pacheco, urbanista ambiental, dijo que es inadmisible la ambigüedad del gobernador y pidió una investigación por parte del Procurador sobre la historia de colono deforestador de Echeverry. En otro trino escribió: “se rumora a ritmo de joropo que el gobernador ha plantado otras yerbas de uso ilegal. La palma cubriría tierras deforestadas que han servido para otros fines no tan santos. Una investigación sobre cultivos en sus extensos predios sería oportuna”.

Carlos Tapia, puso: “¿quién sabe a qué juega el gobernador, qué intereses representa en esta vorágine deforestadora de invasión palmera y despojo de tierras públicas y de colonos campesinos? ¿quién está en el poder en esa región?”

La actriz y ambientalista Marcela Carvajal le habló directamente al funcionario: “espero como habitante de este país y de este planeta, como madre y mujer interesada en la vida, que usted proteja la selva del Guaviare de plantaciones que traerían muerte y desolación”.

Rutas criminales

En diálogo con SEMANA, Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, catalogó el olvido del gobernador como una desconexión entre el inminente riesgo ambiental que implica la deforestación y sus políticas económicas para la región. “Pareciera que le da prelación a sus intereses particulares frente a los derechos ambientales colectivos”.

Afirmó que hay una mafia que no ha entrado en el radar de las autoridades, la cual diseña rutas en medio del bosque para conectar los diferentes negocios de la ilegalidad y facilitar las operaciones de las organizaciones que confluyen en torno a la deforestación, como las maderables, ganadería extensiva y monocultivos de palma.

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“Hay una mafia de carreteros, una mezcla de disidencias de las FARC, AUC y delincuencia común, quienes han encontrado un interés común y aprovechan el conocimiento de la zona para acceder a los corredores y generar deforestación. Son rutas de la criminalidad dentro del bosque, y no vemos una preocupación del gobierno por desarticular las bandas”.

Prieto enfatizó que hay estudiar las estructuras criminales que talan los bosques, en especial a la organización que hace rutas dentro de la selva. “En los operativos solo capturan colonos y cargamentos. Además, esas mafias buscan mimetizar su accionar en los incendios de las épocas de sequía”.

Recalcó que la deforestación, principal emisor de Gases de Efecto Invernadero en Colombia, debería ser la causa medular de todas las organizaciones ambientales, además de involucrar a todo el Estado y la ciudadanía. “El Ministerio de Transporte debe hacer parte de la política transversal contra esta problemática”.

Según el Instituto Agustín Codazzi, el 92 por ciento del Guaviare alberga suelos aptos para la conservación o con figuras de manejo especial.

Voces del gobierno

En el taller de San José de Guaviare, el Presidente Duque informó que desarrollará un programa de ganadería sostenible para reducir la extensión del ganado y dejar de presionar la frontera agropecuaria; una agricultura por contrato para pactar los precios; y una estrategia de reforestación para que el bosque sea comercial y genere alternativas a los pequeños productores.

“Activaremos programas de bosques comerciales, reforestación y prácticas sostenibles en las líneas de ganadería y agricultura. Una de las metas que me quiero trazar es que tengamos conciencia sobre el impacto nocivo de la deforestación, y así tengamos la cultura de sembrar, reforestar y proteger la biodiversidad”.

El Ministro de Ambiente Ricardo Lozano complementó que Guaviare pierde al año 40.000 hectáreas de bosque por el acaparamiento de tierras, “gente que viene a apropiarse de los bienes públicos. Lucharemos contra esa ilegalidad y apoyaremos los emprendimientos de los indígenas y campesinos. Vigilaremos los recursos dados por Noruega, Inglaterra y Alemania”.

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Según Lozano, la meta de reforestación a 2022 será de 200.000 hectáreas, muchas de las cuales priorizadas en Guaviare. “Además, con el Departamento Nacional de Planeación realizaremos un adecuado ordenamiento territorial, basados en la vocación forestal y en un análisis más detallado de la frontera agropecuaria”.

Algunos ciudadanos le hablaron de frente a Duque. John Castañeda, de la Alianza Campesina del Guaviare y sur del Meta, dijo que la normatividad ambiental no ha servido. “La deforestación está disparada y los recursos de cooperación internacional han sido despilfarrados. Proponemos centros multipropósitos con viveros para especies nativas, centros de acopio, maquinaria agrícola y profesionales del campo”,

Jeison Pineda, campesino de la región, afirmó que la deforestación indiscriminada es propiciada por terratenientes que vienen a hacer grandes extensiones ganaderas, “los cuales no son perseguidos por las autoridades. Pedimos decretar la emergencia ambiental”.

Acciones de la Gobernación

En el escrito enviado a SEMANA, Echeverry afirmó que ha acogido la sentencia de protección de la Amazonia, y que por su iniciativa creó acuerdos de conservación y ordenó que todas las dependencias hicieran uso de este mecanismo. Dijo que ha demandado mayores apoyos para detener la deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna.

“Hacemos parte de la burbuja ambiental contra la deforestación, donde no solo realizamos denuncias sino que apoyamos lo que permite la ley. Ejecutamos proyectos integrales en las líneas agropecuarias con aspectos ambientales. El objetivo es que en las zonas donde por ley los campesinos pueden desarrollar proyectos productivos, éstos puedan hacerlo de manera tecnificada”.

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Destacó el proyecto Chagras Indígenas, que según él lleva componentes ambientales que promueven la siembra de especies vegetales nativas. “En áreas de desarrollo agrícola promovemos la siembra de cacao, para que los campesinos obtengan ingresos económicos suficientes con el compromiso de no deforestar sus zonas de influencia, mediante acuerdos de conservación”.

“Convocamos la conformación del Comité Regional interinstitucional para el control de la deforestación y gestión integral de bosques naturales del Guaviare, donde las alcaldías y autoridades priorizan el monitoreo de áreas afectadas. Con gestión de cooperación internacional dimos viabilidad a un proyecto por subvención que beneficia a 1.200 familias afectadas por la deforestación en áreas de posconflicto, un proyecto del plan estratégico para la mitigación integral del cambio climático”.

Jalones de oreja

En los últimos dos años, la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones contra Nebio Echeverry por temas relacionados con la deforestación, quien también fue gobernador del departamento entre 2001 y 2003.

En septiembre de 2017, el ente de control le abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en la deforestación sobre la vía de Calamar a Miraflores, investigación que aún está en trámite y que busca determinar la existencia de infracciones ambientales.

En visitas técnicas realizadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), se encontraron evidencias de aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales en una extensa área de Calamar. “La deforestación genera un impacto ambiental negativo y promueve actividades destructivas como la colonización y posterior cambio de suelo”, dijo en su momento la Procuraduría.

En diciembre del año pasado, la entidad le pidió al gobernador y CDA que tomen acciones inmediatas para frenar las vías que promueven el tráfico ilegal de madera, ampliación ilegítima de la frontera agrícola y minería ilegal, entre otras problemáticas asociadas con la deforestación.

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En una carta enviada a Echeverry y al director de la Corporación, la Procuraduría les advirtió que la construcción irregular de carreteras provoca la fragmentación del corredor biológico regional que conecta los Parques Naturales de los Andes con la Amazonia, generando graves daños ambientales y obstaculizando la restauración de los ecosistemas.

“Hay una insuficiencia en las acciones emprendidas por las autoridades competentes para controlar esta situación. La deforestación ha sido documentada y denunciada, por tanto no resulta comprensible que este fenómeno criminal se esté incrementando sin que las autoridades políticas, ambientales y administrativas del Guaviare direccionen suficientes esfuerzos para atacar de manera efectiva esas actividades criminales”, citó la entidad.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.