En las últimas tres décadas, los dientes afilados de la motosierra le han arrebatado a Colombia más de 6,7 millones de hectáreas de bosque, un cipote mordisco de verde similar a un área como el departamento de Antioquia, repleta con más de 93.800 millones de árboles que le brindaban refugio y alimento a varias especies representativas del segundo territorio más biodiverso del planeta.

En 2017, cuando la guerrilla de las FARC inició su desmovilización de los sitios gobernados por la manigua, el país conoció en todo su esplendor las nefastas consecuencias de la deforestación, fenómeno catalogado hoy en día como la peor problemática ambiental en Colombia. Cementerios de árboles cercenados, parches de selva calcinados, carreteras ilegales en medio de la Amazonia y animales acorralados, fueron los principales componentes de un cuadro desolador que hasta ahora permanecía oculto.

Con la salida de los grupos armados ilegales de los bosques y las selvas colombianas, la deforestación llegó a un tope histórico: casi 220.000 hectáreas boscosas arrasadas, un accionar que se alimenta por actividades envueltas en la ilegalidad: acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales e infraestructura.

Así quedaron varias zonas del Parque Nacional Natural La Macarena luego de las quemas de comienzos de este año. Foto: FCDS.

Muchos expertos vaticinaron que 2018 iba a registrar un panorama aún más turbio, en especial en los territorios de la Amazonia colombiana. Sin embargo, el flagelo presentó su primer revés durante décadas, al registrar una disminución de 10 por ciento en la pérdida de bosque: el total de hectáreas deforestadas llegó a 197.159, lo que indicó un leve respiro para los recursos naturales.

Luego de la buena nueva, en lo corrido de 2019 fueron presentadas varias iniciativas, recursos y estrategias para noquear contundentemente a la deforestación, campanadas que incluyen alianzas con países cooperantes, la articulación de varias entidades nacionales para capturar a los depredadores de la naturaleza, salvavidas millonarios para dar marcha a programas y proyectos y nuevas metas por parte del gobierno sobre la pérdida de bosque.

SEMANA SOSTENIBLE presenta un resumen general sobre el comportamiento de la deforestación en 2019 y los dientes para mitigarla, un periodo que podría catalogarse como el año de los anuncios.

El Parque Nacional Chiribiquete es una de las más recientes víctimas de la deforestación en Colombia. Foto: FCDS.

Consejo contra la deforestación

A finales de 2018, el gobierno anunció la creación del Consejo Nacional para Combatir la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF), una unión de varias entidades ambientales, policivas y judiciales que tendrá como fin desincentivar el accionar de los grupos y personas involucrados en la deforestación.

Este consejo, conformado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, tiene a su cargo orientar y coordinar a las entidades en la lucha contra este fenómeno y aumentar la efectividad de las actuaciones administrativas y penales.

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El CONALDEF estará orientado a coordinar de manera específica y detallada los aspectos técnicos y operativos desde la generación de información útil a las actuaciones de las diferentes instituciones, hasta la planeación y ejecución articulada de los operativos en territorio”, dijo el Ministerio de Ambiente.

A comienzos de mayo, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación fue incorporado dentro del Plan de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ del gobierno, lo que el presidente Iván Duque catalogó como un hito. “Por primera vez un presidente asume la lucha contra la deforestación como su lucha, porque tenemos que proteger los ecosistemas de nuestro país, nuestra naturaleza”.

Esta figura propondrá políticas, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación, y será el grupo el brazo de acción para la campaña Artemisa.

La temporada de quemas en el bosque amazónico acaba de iniciar y podrá extenderse hasta finales de abril. Foto: FCDS.  

Artemisa, sin grandes capturados

En abril, el presidente Duque hizo el lanzamiento oficial de la campaña Artemisa, catalogada como la gran ofensiva del gobierno contra la deforestación y los verdugos de los recursos naturales en Colombia. 

“Esta estrategia interinstitucional le apunta a tres objetivos. El primero, parar en seco la andanada deforestadora que se ha visto en los últimos años. Dos, recuperar la selva tropical húmeda y los bosques, y tres, judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora”, dijo Duque en su momento.

Artemisa, campaña conformada por las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), está enmarcada en la Política de Defensa y Seguridad, que califica el agua, biodiversidad y medioambiente como un interés nacional principal y prevalente.

Chiribiquete es uno de los principales objetivos de Artemisa. Este año fueron capturadas 10 personas por tumbar bosque en esta área protegida. Foto: Ejército Nacional.

En lo corrido de este año, Artemisa ha realizado varios operativos de control por las selvas y bosques de la Amazonia y otros sitios del país, en especial en los Parques Nacionales Naturales de Chiribiquete, La Paya, Catatumbo-Barí, Los Picachos, La Macarena y Tinigua.

Entre los resultados anunciados por el gobierno están la recuperación de varias hectáreas ya devoradas por la motosierra, que le fueron arrebatadas a las mafias deforestadoras, acciones de extinción de dominio de bienes y algunas capturas y judicializaciones de personas encontradas talando los bosques en el momento de las acciones de control.

Sin embargo, el país sigue en mora de conocer la captura de algún gran deforestador o mafia deforestadora, es decir el brazo fuerte y económico que les paga a los campesinos y colonos que habitan cerca a los terrenos boscosos para que acaben con la vida de una hectárea de bosque por menos de un millón de pesos. 

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El accionar de esta campaña no ha calado positivamente en varios frentes. Tal fue el caso de la Comisión Nacional de Juristas (CCJ), que realizó una denuncia pública después de uno de los operativos en el Parque Nacional La Paya. 

“Agentes de la Sijín arribaron en cuatro helicópteros, allanaron fincas, quemaron viviendas, enseres y capturaron a 11 integrantes de la Junta de Acción Comunal de El Triunfo, afectando los derechos fundamentales de tres menores de edad”, denunció la CCJ.

Artemisa recuperó 1.500 hectáreas deforestadas en el Parque Nacional La Paya en Putumayo, donde ocho campesinos fueron capturados. Foto: Ejército Nacional.

El Pacto de Leticia

Los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil suscribieron el Pacto de Leticia por la Amazonia, documento que en el papel definirá las acciones que deben emprender tanto los países amazónicos como las demás naciones de la región y la comunidad internacional, para proteger al pulmón del mundo.

Los presidentes de Colombia y Perú tomaron la decisión de trabajar de forma coordinada para lograr este objetivo, quienes aseguraron que este pacto contendrá la hoja de ruta para actuar unidos frente a las dificultades por las que atraviesa la región.

Aunque cada país toma sus propias acciones y determina la normatividad en cuanto al manejo y uso de estas extensas áreas de bosques, los mandatarios concluyeron que hay factores comunes que están llevando a que hoy una importante parte de la Amazonia esté bajo dominio de la deforestación. 

Firma del Pacto por Leticia liderado por el presidente de Colombia. Brasil brilló por su ausencia. Foto: Mauricio Ochoa.

La extensión de la frontera agrícola, así como la comercialización de madera y el desarrollo de otras actividades económicas, ponen en peligro uno de los mayores patrimonios de bosques que tiene en mundo. 

Además de liderar el Pacto de Leticia, en la Cumbre de Bosques Tropicales Duque le pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas liderar una gran coalición mundial para la protección de los bosques lluviosos y de la selva tropical húmeda.

Aunque varios ambientlistas destacaron la iniciativa del mandatario, también consideraron que antes de asumir retos internacionales o regionales el presidente primero debe ordenar la casa, y cumplir con asuntos como la sentencia de la Corte Suprema que desde abril de 2018 le ordenó a varias autoridades proteger la Amazonia colombiana de la deforestación.

Por ejemplo, en las audiencias de seguimiento a la sentencia de la Amazonia, donde fueron citadas más de 90 entidades del gobierno nacional y regional ante Tribunal Superior de Bogotá, el análisis de Dejusticia fue bastante amargo.

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Según la organización, las presentaciones del gobierno revelaron muy pocos avances frente al cumplimiento del fallo y un desinterés frente a las audiencias. “El gobierno no informó mayor cosa sobre las cuatro principales órdenes del fallo: formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación; crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano; actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial por parte de los municipios; y un plan que que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los reportes del IDEAM”.

Los indígenas de la Amazonia colombiana denunciaron sentirse excluidos del Pacto de Leticia.

Salvavidas millonarios

A mediados de mayo, el gobierno de Noruega le hizo entrega al gobierno colombiano de 17 millones de dólares para que siguiera su lucha contra deforestación, en especial en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo, Chocó, Santander y Nariño.

Estos recursos, que fueron destinados al Fondo Colombia Sostenible (11 millones de dólares) y al programa Visión Amazonia (6 millones de dólares), también serán para que las comunidades étnicas apoyen la reducción de la deforestación y contribuyan a mejorar la gestión de los bosques en territorios colectivos.

La semana pasada, en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid, el ministro de Ambiente Ricardo Lozano anunció una nueva inyección internacional histórica para salvar los bosques. 

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Reino Unido, Alemania y Noruega le aportaron a Colombia 366 millones de dólares para fortalecer la lucha contra la deforestación, una de las más grandes inversiones ambientales internacionales destinadas a detener la pérdida de los bosques y a proteger la biodiversidad y las comunidades étnicas en el país.

Con estos aportes, que Noruega le retiró a Brasil este año debido a los pésimos resultados alcanzados para mitigar la deforestación, la cooperación internacional de estas tres naciones se extendió hasta el año 2025. 

Alianza del Reino Unido, Alemania y Noruega con Colombia para frenar la deforestación en la COP25 de Madrid. Foto: Ministerio de Ambiente

Los 366 millones de dólares otorgados a Colombia no solo le dan dientes para frenar el accionar de la motosierra. También indican un reconocimiento planetario para salvaguardar la riqueza ambiental y biodiversidad colombiana y un llamado de atención a los otros ocho países con los que comparte el bosque tropical más importante del mundo: el de la Amazonia.

Este espaldarazo internacional contrasta con el retiro de la cooperación al gobierno de Jair Bolsonaro, que no ha mostrado el mayor interés por luchar contra las mafias devora bosques, y le da un nuevo estatus a Colombia como punto estratégico para mitigar el cambio climático.

Nueva meta de deforestación

Cuando el presidente Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 y 2022, los ambientalistas y expertos no ocultaron su enfado por la meta propuesta relacionada con la deforestación, la cual solo pretendía que la pérdida de bosque anual no superara las 220.000 hectáreas registradas en 2017.

Dejando una meta de 220.000 hectáreas deforestadas anualmente, al final del cuatrienio podría abarcar 880.000 hectáreas sin bosque, lo que equivale a más de cinco veces Bogotá. Esa meta no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerla constante durante los próximos cuatro años. Esto va en contravía del Acuerdo de París, del compromiso de alcanzar una tasa de cero deforestación en la Amazonia a 2020 y de la sentencia 4360 de 2018 que declara a la Amazonía sujeto de derechos”, denunció la organización Dejusticia.

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Con los 366 millones de dólares aportados recientemente por Reino Unido, Alemania y Noruega, esta meta cambió de cara. Colombia se comprometió por escrito a reducir la pérdida de bosque natural a 155.000 hectáreas para el año 2022, y a 100.000 hectáreas para 2025.

El ideal es que Colombia llegue a cero deforestación en 2030. Foto: FCDS.

Ahí no paran los compromisos: para 2020, Colombia deberá implementar planes estratégicos de intervención integral en al menos tres áreas de alta deforestación. En 2022, 195.000 hectáreas nacionales deberán estar bajo pagos por servicios ambientales e incentivos a la conservación, incluyendo aquellas localizadas en territorios colectivos de grupos étnicos, además de procesos de restauración en 200.000 hectáreas.

En dos años, 147.000 hectáreas adicionales estará bajo sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación; 750.000 hectáreas deberán ser incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y el país deberá tener formulada una propuesta para pagos por servicios ambientales dirigidos a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

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Para 2025, el país se comprometió a desarrollar la formación y actualización catastral en al menos 1 millón de hectáreas en zonas con alta incidencia de deforestación, mientras que 500.000 hectáreas tendrán una gestión sostenible de los bosques en el marco del programa nacional de forestería comunitaria.

Seis departamentos, los más deforestados, están obligados a implementar planes departamentales de extensión agropecuaria con criterios de sostenibilidad medioambiental y cero deforestación a nivel municipal.

Colombia deberá trabajar para avanzar en los objetivos del Pacto de Leticia para la Amazonía, y apoyar el progreso de los esfuerzos a nivel global en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible en general”, cita el manifiesto firmado por el gobierno nacional con los países cooperantes.

Los bosques del Catatumbo nortesantandereano han sido los más afectados por la motosierra este año. Foto: Ejército Nacional.

Catatumbo, nueva víctima

En lo corrido de 2019, el Ideam ha presentado tres informes de alertas tempranas por deforestación de los primeros tres trimestres del año, los cuales dan algunas pistas e indicios sobre cómo han padecido los bosques nacionales.

Catatumbo, zona del departamento de Norte de Santander, fue catalogado en los tres reportes como el principal núcleo de deforestación en Colombia, en especial el municipio de Tibú. Los cultivos de coca, la presencia de grupos armados y la ampliación de la frontera agropecuaria, fueron catalogados como los mayores verdugos.

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El departamento de Bolívar también fue identificado como uno de los mayores núcleos de deforestación. Bosques de sitios como los Montes de María y la Serranía de San Lucas se vieron afectados por la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, ganadería extensiva y cultivos ilícitos. La Sierra Nevada de Santa Marta también se vio afectada entre enero y junio de este año.

La Amazonia fue gran protagonista durante el primer trimestre de este año (enero a marzo), época en la que los árboles cortados son quemados para así dar paso a extensos pastizales o simplemente adueñarse de forma ilegal de las tierras.

Los bosques de Guaviare fueron unos de los más afectados durante el primer trimestre de este año. Foto: FCDS.

Entre enero y marzo, Guaviare perdió más de 14.000 hectáreas de bosque, panorama que en Meta abarcó 12.000 hectáreas y en Caquetá 9.700 hectáreas. De los 10 mayores núcleos de deforestación identificados por el Ideam, seis fueron amazónicos.

Aunque el Ideam resaltó reducciones significativas en la deforestación de la Amazonia durante el segundo y tercer trimestre, es decir entre abril y septiembre, esos meses coinciden con la época de lluvias en la región, tiempo en el cual los aserradores de los bosques no hacen sus nefastas acciones.

Los departamentos más deforestados según las alertas tempranas fueron Guaviare, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Bolívar y Putumayo. En cuanto a las áreas protegidas, las que concentraron mayores porcentajes de alertas fueron Catatumbo-Barí, Tinigua, La Macarena, Sierra Nevada de Santa Marta y Chiribiquete.

Sembrar, la respuesta contra la tala

Este año, el Movimiento Ambientalista Colombiano lanzó su campaña ‘Todos plantamos’, la cual pretende sembrar más de 100.000 nuevos árboles nativos a 2022.

Según Camilo Prieto, vocero del movimiento, ‘Todos plantamos’ nació en medio del acalorado debate que despertó la meta de deforestación propuesta por el gobierno de no superar las 220.000 hectáreas deforestadas cada año. 

“Nuestra primera reacción fue pedirle al gobierno la modificación de la meta. Cuando vimos que la meta era inmodificable, comprendimos que como ciudadanos no podíamos quedarnos quietos, sino trabajar unidos para contrarrestar el flagelo. Nuestra respuesta a la deforestación es sembrar, untarnos de tierra y vincular al resto de la ciudadanía”, apuntó Prieto.

El Movimiento Ambientalista convoca a la ciudadanía a participar en su campaña de siembra de 100.000 árboles nativos. 

Con el apoyo de la comunidad, esta campaña llegará a lugares del país como Cundinamarca, Tolima, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Vichada y Guainía. A la fecha, el Movimiento, por medio de sus 300 voluntarios, le ha regalado a Colombia más de 9.200 árboles nativos.

Mandatarios en la mira

Hace pocas semanas, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de varios gobernantes en la Amazonia por presuntos hechos de deforestación y atentados contra los recursos naturales en el departamento del Guaviare.

Óscar Ospina, alcalde del municipio de El Retorno, luego de ser capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, fue suspendido de su cargo por un juez al figurar dentro de una investigación por la construcción irregular de una carretera de 138 kilómetros entre Calamar y Miraflores. 

Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó cargos a Ospina por delitos relacionados con el daño a los recursos naturales agravados, invasión de área de especial importancia ecológica agravada, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por uso y tráfico de influencias.

Por la construcción de una carretera entre Miraflores y Calamar, tres alcaldes están en el ojo de la Fiscalía. Foto: Fiscalía.

“La Fiscalía encontró pruebas de que el alcalde habría participado en la intervención indebida en la contratación de profesionales ambientales. Dichas personas estarían encargadas de un proyecto relacionado con frenar la deforestación en el departamento”, le informaron a Semana varias fuentes en San José del Guaviare.

Por la misma vía, que según la Fiscalía no contó con los permisos ni licencias ambientales para el constante paso de vehículos pesados y la construcción de asentamientos mediante la quema y tala de bosque, también son investigados los alcaldes de Miraflores, Jhonivar Cumbe, y de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal.

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Un fiscal imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados”, aseguró la entidad.

Aunque el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra estos mandatarios, las investigaciones y el proceso judicial continuarán.