Gustavo Guerrero, abogado consultor y docente de legislación y política pública sobre medioambiente, aseguró que es necesario cambiar radicalmente el modelo de elección tanto de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como de los integrantes del consejo directivo. 

"El modelo vigente ya tiene 25 años y amerita una revisión, porque si bien el tema de la autonomía de alguna manera garantiza el énfasis frente a las particularidades de cada territorio, no ha estado ausente de vicios y perversiones propias del sistema político, que terminó coartando muchos aspectos de gestión de estas autoridades ambientales", expresó Guerrero para quien el modelo requiere un cambio, particularmente en términos de su autonomía y del esquema de administración y organización. 

"Ya son varias las iniciativas que se han presentado para modificar la forma de elección, pero no han llegado a feliz término porque existen demasiados intereses políticos de por medio, ya que buena parte de las CAR han terminado dominadas por políticos tradicionales a quienes no les interesa que en el Congreso se geste una reforma al régimen de las corporaciones que ponga en riesgo los privilegios y el control que ejercen sobre estas", resaltó Guerrero.  

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Para el también director ejecutivo del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental del Colombia (CEPLAC) y  miembro de la Comisión Mundial en Derecho Ambiental (WCEL), en Colombia "ya nos habituamos a escuchar informes de los entes de control sobre actos de corrupción, conflictos de intereses y mala destinación de recursos públicos en estas autoridades ambientales, razón por la cual ya es hora de tomar correctivos", dijo. 

Guerrero cree que se está gestando desde la sociedad civil una corriente de opinión que pareciera conducir indefectiblemente a que esto se corrija. "Guardamos la esperanza de que ello resulte así, porque en últimas las corporaciones son en el territorio las ejecutoras de la política pública ambiental en Colombia", sostuvo.

Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, considera que se deben crear entidades absolutamente meritocráticas y técnicas. "Solo así estará resuelto el problema, mientras tanto serán puros cuentos, ya que las corporaciones van a seguir siempre politizadas. Serán puros pañitos de agua tibia", afirmó. 

Rodríguez indicó que se deben hacer concursos públicos desde la Comisión Nacional del Servicio Civil para que los directores tengan muy pocas posibilidades de libre nombramiento y remoción. "Debe haber una bolsa nacional de empleo para el área ambiental en la que se hagan ascensos a partir de exámenes técnicos, porque se pueden recomponer los consejos directivos de las CAR cuantas veces se quiera, pero si no se cambia el modelo no hay nada que hacer", puntualizó. 

¿Qué pasa en las CAR?

En fortines políticos se han convertido las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en Colombia. En varios informes, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación lo han advertido. 

Un gran porcentaje, de las 33 corporaciones que existen en el país enfrentan líos, por cuenta del manejo de recursos, la transparencia en los procesos, las omisiones en el cumplimiento de sus tareas y casos de corrupción

La Procuraduría, por ejemplo, viene adelantando 396 actuaciones preliminares sobre las CAR, 244 (61%) por presuntos actos irregulares en el manejo administrativo y de contratación. De igual manera, se encuentran en trámite 184 investigaciones disciplinarias, el 72,28 % por presuntos malos manejos administrativos e irregularidades en la contratación.

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La Contraloría, a través del Grupo de Vigilancia CAR-Preventivo, entre tanto, emitió un informe en julio de 2018, luego de una serie de auditorías realizadas a diez corporaciones del país, en las que encontraron hallazgos fiscales por 100.000 millones de pesos. 

En el estudio el órgano de control advirtió que el despilfarro y la desviación de recursos existente en estas autoridades ambientales no permitían inversiones efectivas enfocadas hacia los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades. Otros problemas encontrados fueron la destinación equivocada de dineros, la falta de planificación en la ejecución de recursos de tasas ambientales, así como de control en la afectación de los recursos naturales. 

"Para nadie es un secreto que las CAR están hipotecadas a los poderes políticos locales y eso ha hecho que se desvíe de su naturaleza jurídica y misional. El país requiere de entidades que por encima de los intereses políticos regionales, respondan por la verdadera misión por la cual fueron creadas, como es la protección y el control del medioambiente”, mencionó Fernando Carrillo, procurador general de la nación, en octubre de 2018.


La CAR Cundinamarca dio a conocer varias irregularidades en las que vendrían incurriendo algunas de las entidades sin ánimo de lucro. Foto: CAR Cundinamarca. 

¿Qué pasa en las elecciones de consejos directivos?

El argumento de Carrillo toma fuerza luego de lo que ha venido sucediendo con la elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y Tolima para el periodo 2020-2023.

En esas dos entidades fueron suspendidos los procesos debido a la serie de irregularidades que encontraron, tanto las comisiones de verificación de los requisitos de las CAR, como las mismas entidades sin ánimo de lucro. 

Por medio de una resolución, Cortolima advirtió en el informe definitivo de la evaluación y verificación de requisitos de las entidades sin ánimo de lucro que en el proceso de comprobación de documentos (cámaras de comercio, informes de gestión y certificaciones), en algunas, de las 429 carpetas presentadas, observó una constante respecto a la firma en los informes de gestión, certificaciones y algunas cartas de presentación, donde la rúbrica no estaba en original, sino aparentemente fotocopiada, escaneada, sobrepuesta o recortada. 

Sobre el particular, la comisión de revisión dejó constancia que de las 237 entidades que fueron finalmente habilitadas, 81 presentan esta situación en el informe de gestión. "No obstante, su habilitación se dio en aplicación del principio de la buena fe", señaló Cortolima, entidad que decidió correr traslado de las presuntas irregularidades encontradas a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones a las que haya lugar.  

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En el informe inicial la comisión halló, además, varias incongruencias, falencias e inconsistencias sobre la documentación aportada, que -según esa de esa corporación - ameritan la atención de organismos de control en vista su alcance y la gravedad de las indebidas prácticas y actos presentados en varias carpetas certificadas y registradas por sus representantes legales.

El documento destaca, también, la presentación de 58 carpetas de entidades que no cuentan con la denominación de la persona ni la firma autógrafa de quien elaboró y presentó la documentación o sobre su responsabilidad de lo allí contenido. De igual manera, se detalla la presentación de carpetas de organizaciones sin ánimo de lucro registradas dos veces en la planilla de inscripción y con dos carpetas que contienen documentación diferente.  

Asimismo, da cuenta de cinco carpetas con firmas "aparentemente diferentes" de la plasmada en el informe de actividades, al igual que aparecen 90 carpetas en las cuales concurren siete firmas (ONG) certificadoras de actividades ambientales con la misma numeración de las órdenes de prestación de servicios o contrato, tales como las entidades sin ánimo de lucro

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En la CAR Cundinamarca ocurrió un suceso similar. De los 488 entidades que radicaron sus documentos, solo fueron habilitadas 191, debido a que la gran mayoría registraba inconsistencias. La comisión de verificación de esa autoridad ambiental encontró, tras la revisión de los requisitos que, por ejemplo, existían ciudadanos que hacían parte de los consejos directivos de hasta 170 entidades diferentes

También pudo constatar que más de 250 entidades registraban el pago de cuñas radiales como actividades y proyectos de protección al medioambiente, a través de documentación muy parecida. 


Las CAR son las encaragadas de velar porque las actividades mineras no atenten contra el medioambiente. Foto: CAR Cundinamarca. 

La Fundación Alma realizó otro informe en el que denunció que no fueron incluidas las irregularidades de otras 65 organizaciones que habrían incurrido en las mismas fallas por las que la comisión evaluadora de la CAR inhabilitó a las otras. 

Esta organización detectó, además, que varios certificados de actividades ambientales fueron expedidos por peluquerías, droguerías y hasta carnicerías. 

Para la Fundación Alma con este tipo de jugadas se estarían beneficiando algunos integrantes del actual Consejo Directivo de la CAR. “Es claro que estas organizaciones han votado en anteriores elecciones y son parte de la estructura organizativa de los actuales consejeros Andrés Iván Garzón y Alejandro Motta”, señala el documento.  

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Las autoridades ambientales creen que existen personas interesadas en crear entidades sin ánimo de lucro para que sus integrantes voten por determinados aspirantes y, de esta forma, puedan quedarse con alguno de los dos puestos al que tienen derecho estas organizaciones en el consejo directivo que, en últimas, es el responsable de elegir a los directores de la CAR.

La situación ha llegado a un nivel tan crítico que el procurador general Fernando Carrillo, tuvo que nombrar a un equipo especializado para que ejerza una vigilancia detallada sobre el proceso de elección de los directores, previsto para desarrollarse el 28 de octubre. Sin embargo, cerca de 20 de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales optaron por aplazar la elección de sus directores generales para después de los comicios regionales del 27 de octubre. Así lo informó Ramón Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenibles (Asocars). 

De esta forma, atendieron la recomendación hecha por Carrillo hace unos días, con el fin de garantizar transparencia en este proceso.


Las CAR se encargan de otorgar licencias, concesiones, permisos y autorizaciones en proyectos ambientales. Foto: CAR Cundinamarca. 

Buscan reformas por medio de leyes 

Para contrarrestar esta problemática el Ministerio de Ambiente y el Partido Cambio Radical presentaron dos proyectos de ley que están en trámite en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, a través de los cuales buscan reformar y otorgar mayor gobernabilidad a estas autoridades ambientales.

Ambos coinciden en varios puntos como, por ejemplo, someter el cargo de director de estas corporaciones a concurso.

La iniciativa presentada por el ministerio plantea la realización de una convocatoria pública, durante diez días, para los interesados a optar por el cargo de director general. Los aspirantes, además, deberán presentar varios tipos de pruebas que van desde competencias básicas, funcionales y comportamentales hasta de valoración de formación y experiencia acreditada adicional.

El proyecto también establece que para adelantar este proceso las corporaciones deberán contratar una entidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual entregará una lista de nombres que no podrá ser inferior a tres ni superior a cinco de los aspirantes que hayan obtenido los mayores puntajes.

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La propuesta además aumenta los requisitos para ocupar el máximo cargo de las CAR, al pasar de exigir 4 a 8 años de experiencia. De ese tiempo el aspirante deberá acreditar 42 meses de experticia profesional relacionada con la gestión ambiental, así como haber desempeñado cargos directivos o gerenciales durante un lapso de 18 meses como mínimo.

Adicionalmente en la apuesta del ministerio se estipula la reglamentación de los consejos directivos de todas las CAR, al igual que la incorporación de nuevos integrantes, quienes no podrán ser reelegidos como actualmente ocurre a perpetuidad.

Se trata de dos delegados de las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente (institutos), así como de un representante de las universidades.


La Procuraduría y la Contraloría vienen denunciando irregularidades al interior de las corporaciones autónomas regionales desde hace varios años. Foto: archivo/Semana.  

De igual forma, se establecen unos lineamientos presupuestales unificados para que todas las corporaciones manejen sus recursos propios bajo una misma normatividad, reglas y bases nacionales, pues en la actualidad cada corporación maneja sus finanzas de acuerdo a sus estatutos, lo que les ha acarreado múltiples problemas con los entes de control.

"Este proyecto no pretende resolver todos los problemas que tiene el Sistema Nacional Ambiental (SINA), pero sí dotar a las CAR de elementos que les permitan mejorar su gobernabilidad, su transparencia y la visibilización de la gestión que hacen las corporaciones”, indicó Ramón Leal, director Asocars, entidad que participó en la formulación del contenido del proyecto de ley que presentó el Ministerio.

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“Quisimos centrarnos principalmente en el tema de gobernabilidad bajo el contexto de que las propuestas que se han presentado en los años anteriores, por lo general, terminan cayéndose porque en esos temas siempre se pretende centralizar la gestión de las corporaciones a través de los órganos de dirección y de la elección del director desde el nivel nacional”, mencionó.

Por otro lado, un grupo de 16 congresistas radicaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley a través del cual “se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las corporaciones autónomas regionales”.

La iniciativa tiene varios aspectos comunes frente a la presentada por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, hay uno que marca la diferencia. Se trata de reducir el número de CAR, al pasar de 33 a 7 corporaciones, organizadas por regiones. 

Este movimiento político plantea además, el establecimiento de un régimen de transición de seis meses para unificar las CAR y efectuar el traslado de los trámites a cargo de las actuales corporaciones. Además, faculta al Ministerio de Ambiente para fijar el cronograma de transición y liquidaciones de las corporaciones suprimidas.

La propuesta también estipula una reformulación de los consejos directivos y determina la elección de los directores mediante una convocatoria pública. Además, prohíbe la reelección del director.

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Adicionalmente establece un ajuste de las funciones de las CAR, enfatizando que sus competencias deben respetar las prevalentes de la ANLA para la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales en lo referente a proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos ante entidades nacionales.

El senador Didier Lobo consideró que estas entidades son ineficientes y eso se ve reflejado en las dificultades y demoras que se registran en los diferentes trámites y permisos ambientales.

“Estos atrasos lo que dejan ver es la ineficacia de este tipo de entidades, que destinan lamentablemente la mayor parte de sus recursos al sostenimiento de la burocracia y su andamiaje administrativo, dejando muy poco dinero para las tareas ambientales, que debería ser su foco de inversión”, aseguró Lobo.